Recientemente, Jesús Muñoz de Priego, el portavoz de Más Plurales, la plataforma de la concertada creada para hacer frente a la Lomloe, ha comparecido a petición del Partido Popular, en la Comisión de Educación de la Asamblea de Madrid. El objetivo: hablar sobre la libertad de enseñanza en la comunidad y en el contexto de la Lomloe.

Muñoz de Priego ha repasado algunos de los puntos por los que considera a la Lomloe «la peor ley educativa de la democracia»: Ataque a la libertad de enseñanza, contenido ideológico, invención de un derecho a la educación pública en detrimento de la concertada... Pero, recuerden, la ministra de Educación, Isabel Celáa, 'erre que erre' se ha afanado en desmentir que la nueva norma ataque a la concertada. 

Según publica ABC, para el portavoz de Más Plurales: «Es imprescindible la búsqueda de un consenso, de una ley estable, de un Pacto de Estado por la educación». Priego pidió un consenso que parta del artículo 27 de la Constitución, «en el que, no se engañen, no hay conflicto social. Un artículo 27 completo, y no fruto del intento de interpretación reducida y restrictiva del mismo que pretende el ministerio de Celaá, eliminando la libertad de elección de centro». No olvidemos que la ley Celáa elimina uno de los recursos de los padres para que sus hijos pudieran optar a la educación que ellos decidieran, al solicitar si así lo desearan que se abrieran centros concertados en las zonas donde vivían. Lo que se conoce como la demanda social. 

También apuntó que la futura ley en la que se opte «por la autonomía de los centros real y no mediatizada por las administraciones educativas (que no es más que otra forma de intervencionismo). La autonomía de los centros permite el desarrollo de las diferentes acepciones que del ideario ha hecho el Tribunal Constitucional español, como elección de formación religiosa y moral, pero también como elección de opciones pedagógicas y organizativas. También en la escuela pública». Es decir, no al adoctrinamiento en las escuelas, como pretender la ONU... y también doña Isabel Celáa. 

El abogado de Más Plurales recalcó que en la nueva norma la equidad no esté reñida con la libertad: «La Lomloe opta por una igualdad por abajo, en la que todos sean iguales… porque nadie pueda elegir. Con ello provoca la peor de las discriminaciones posibles, porque en realidad quienes tienen recursos económicos sí que podrán elegir, pero solo ellos».

Por último señaló la necesidad de un un trato igualitario para ambas redes (pública y concertada) «como complementarias, con una financiación real y total de la prestación del servicio educativo en todos los centros sostenidos con fondos públicos, impidiendo que se sancione a las familias, por el mero hecho del ejercicio de una libertad pública». Otro de los aspectos claves de la existencia y pervivencia de la escuela concertada, el coste por alumno. Al contribuyente español un alumno de la concertada le cuesta 3.000 euros/año. El alumno de la pública le cuesta el doble: 6.000 euros.