Según publica La Razón, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha estimado parcialmente el recurso interpuesto por el Ministerio de Educación en 2015 -cuando gobernaba el PP- contra varias resoluciones de la conselleria de Educación de la Generalitat y obliga a impartir un mínimo del 25% de las clases en castellano en el sistema educativo catalán.
El TSJC declara “la obligación de la Generalitat a adoptar las medidas necesarias para que se garantice que todos los alumnos reciben de manera efectiva e inmediata la enseñanza mediante el uso vehicular normal de las dos lenguas oficiales en los porcentajes que se determine, que no podrán ser inferiores al 25% en uno y otro caso”, en alusión al castellano y al catalán.
Bofetada pues a la 'ley Celaá' en el apartado de la norma que se refiere a la no utilización del castellano como lengua vehicular en la enseñanza, para menospreciar el idioma español.