Detrás del ataque del gobierno sociopodemita a la enseñanza concertada y privada, está un ataque a la enseñanza religiosa. Paso a paso el Ejecutivo Sánchez avanza hacia la asfixia de la educación católica. Entre las medidas más recientes, una enmienda a la "ley Celaá", aprobada por PSOE, Podemos y Más País, que acaba con la 'demanda social' para colegios concertados y sólo garantiza puesto escolar en colegios públicos. Naturalmente, ni hablar del cheque escolar.

Y ahora, llega una nueva modificación a la 'ley Celaá' -esta vez pactada por PSOE, Podemos y ERC-  que añadirá la enseñanza «no confesional de cultura de las religiones» tanto en Primaria como Educación Secundaria Obligatoria. En la práctica, tal como publica ABC, podría ser una asignatura espejo de la Religión, es decir, una alternativa a la misma.

Parece que al tripartito PSOE, Podemos, ERC le cunden las alianzas en educación y también han pactado otra enmienda que elimina la referencia al castellano como lengua vehicular en la educación y oficial en España.

La ley actual, la Lomloe, dice que «las administraciones educativas garantizarán el derecho de los alumnos y las alumnas a recibir enseñanzas en castellano, lengua oficial del Estado, y en las demás lenguas cooficiales en sus respectivos territorios. El castellano y las lenguas cooficiales tienen la consideración de lenguas vehiculares, de acuerdo con la normativa aplicable».

Con la modificación planteada, según publica ABC, se recoge ahora que las comunidades autónomas deben asegurar el derecho a recibir la enseñanza en castellano y las lenguas cooficiales de cada territorio de acuerdo con lo que prevén la Constitución y los estatutos de autonomía.

Y cuando se menciona que las «administraciones garantizarán el derecho de los alumnos a recibir enseñanzas en castellano, lengua oficial del Estado, y en las demás lenguas cooficiales en sus respectivos territorios», se tacha la alusión al mismo como «lengua oficial del Estado».

Por su parte, la concertada sigue dando la batalla y movilizándose en contra de la nueva legislación, consciente de que modificación a modificación y con la premura con que todo está transcurriendo en torno a la 'ley Celaá', podría estar aprobada definitivamente en febrero.