Un juez federal de Indiana (Estados Unidos) determinó que prosiga en la corte una demanda presentada contra la Universidad de Notre Dame, situada en dicho estado americano y que es católica, por negarse a proporcionar en sus planes de salud como empleador, anticonceptivos y medicamentos que pueden causar abortos prematuros, publica Aciprensa. Es decir, la decisión judicial atenta contra la objeción de conciencia -tanto personal, de aquel sanitario que no quiera participar en un aborto- como corporativa -al obligar a una entidad, en este caso a los servicios sanitarios de la Universidad de Notre Dame, a dispensar anticonceptivos y medicamentos que puedan causar abortos prematuros.

El caso recuerda a lo que está a punto de ocurrir en España con la eutanasia. La proposición de ley del Gobierno PSOE- Unidas Podemos, que comenzará de inmediato su tramitación parlamentaria, busca garantizar a todos los ciudadanos el acceso, en condiciones de igualdad, a la prestación de ayuda para morir, "incluyéndola en la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud y garantizando así su financiación pública, pero garantizando también su prestación en centros privados o, incluso, en el domicilio de la persona solicitante".

Volviendo a la universidad de Notre Dame, la institución "se basa en una sólida base legal y moral al negarse a subsidiar el número limitado de productos anticonceptivos que pueden actuar como abortivos y dañar a un niño nonato” (dado que todos los anticonceptivos que están ahora mismo en el mercado son potencialmente abortivos), dijo Paul Browne, vicepresidente de asuntos públicos y comunicaciones de la Universidad de Notre Dame, en una carta del 20 de enero al editor del Notre Dame Observer, un diario dirigido por estudiantes.

El juez de la Corte de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Norte de Indiana, Philip Simon, rechazó los pedidos de la universidad para que se desestime el caso el 16 de enero. Una conferencia previa al juicio está programada para principios de marzo, informó South Bend Tribune.

La demanda, presentada en junio de 2018 por un grupo de estudiantes aliados con ONG locales que promueven el aborto, acusa que el hecho de que la universidad católica no proporcione medicamentos abortivos viola un requisito federal que data de 2012 y sostiene que los planes de salud del empleador deben proporcionar cobertura anticonceptiva. 

El Gobierno Trump estableció nuevas reglas en octubre de 2017 que permiten a las empresas con objeciones religiosas o morales frente a la anticoncepción no cumplir con el mandato

Browne le dijo al South Bend Tribune que la posición de la universidad está “basada en la autonomía de los litigantes, incluido el gobierno, para resolver los reclamos”. Agregó que “estamos seguros de que Notre Dame prevalecerá”.

El grupo de estudiantes litigante se describe a sí mismo como un defensor de la “justicia reproductiva”. Dice que la mayoría de sus fondos provienen de donantes individuales, pero también informa que recibió subvenciones de Planned Parenthood, el mayor proveedor de abortos de la nación, y Catholics for Choice, cuyas afirmaciones de ser una organización católica han sido rechazadas por los obispos de Estados Unidos.

El gobierno del presidente Donald Trump estableció nuevas reglas en octubre de 2017 -que anulaban la orden de Barack Obama que obligaba a los Estados a financiar con dinero público a la multinacional del aborto Planned Parenthood- que permiten a las empresas con objeciones religiosas o morales frente a la anticoncepción optar por no cumplir con el mandato. Los jueces federales bloquearon las reglas en diciembre de 2017, lo que resultó en nuevas reglas en noviembre de 2018.

Los jueces de California y Pensilvania emitieron medidas cautelares contra estas nuevas reglas en enero de 2019, deteniendo nuevamente el caso legal de las Hermanitas de los Pobres. El 17 de enero de 2020, la Corte Suprema de los Estados Unidos dijo que volvería a escuchar el caso de estas religiosas.