La multinacional abortista Planned Parenthood está a punto de perder 60 millones de dólares de los contribuyentes norteamericanos al decidir un tribunal de apelaciones que debe entrar en vigor la nueva interpretación de la ley Title X, establecida por la administración Trump, una interpretación que impide dar dinero público federal a negocios de aborto, informa Religión en Libertad.

A fines de febrero de 2019, la administración Trump puso en marcha la ‘Protect Life Rule’ (Regla para la protección de la vida), que exigía más requisitos a los que buscaban esa financiación. Los Estados de California, Washington y Oregon recibieron una orden judicial preliminar (de jueces activistas pro-aborto) que impidió que la regla entrara en vigencia. Pero ahora la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito anuló ese bloqueo. La Corte especifica que el objetivo de la normativa actual es “garantizar que los dólares de los contribuyentes no financien o subvencionen abortos”, destaca este mismo medio.

Entre otras disposiciones, la ‘Protect Life Rule’ requiere que haya una separación física y financiera entre los beneficiarios de Title X y las instalaciones que realizan abortos. Además, los centros con fondos públicos tendrán prohibido remitir a sus pacientes a servicios de aborto. Para marzo de 2020, las clínicas de salud deben estar ubicadas por separado de las instalaciones de aborto para poder seguir recibiendo dinero público de este origen, explica Religión en Libertad.

Entre otras disposiciones, la ‘Protect Life Rule’ requiere que haya una separación física y financiera entre los beneficiarios de Title X y las instalaciones que realizan abortos

Por ello, Planned Parenthood no caerá en la indigencia: seguirá recibiendo 500 millones de dólares de dinero federal para financiar sus negocios de anticoncepción, de "educación sexual" (hedonista y abortista) y de "salud sexual”, explica Religión en Libertad.

Pero sin duda, perder 60 millones supondrá un golpe importante. Las clínicas que practiquen abortos no podrán recibir dinero, así que Planned Parenthood va a tener que señalar y distinguir muy bien sus centros que hacen abortos y sus centros dedicados exclusivamente a otras actividades. Y sus centros de "asesoramiento a la mujer" no podrán remitir a servicios de aborto, señala este mismo medio.

Eso ayudará a limitar el número de clínicas abortistas (sin dinero público, bastantes dejarán de ser negocios rentables) y permitirá a los provida centrarse en esos locales concretos para ofrecer ayudas alternativas a las embarazadas en apuros, apunta Religión en Libertad.

Planned Parenthood perderá dinero, pero esta lucrativa empresa no se arruinará: en 2015 se practicaron en EEUU un millón de abortos provocados, de los cuales casi un tercio (328.000 abortos) los facturó esta multinacional. Que Planned Parenthood recibiera fondos públicos no quiere decir que las embarazadas no pagasen el aborto de su bolsillo: sí lo hacían y lo siguen haciendo. Por un aborto quirúrgico avanzado en EEUU se pueden pagar hasta 1.500 dólares, y por uno químico, hasta 800 dólares. Aunque la mayoría son más baratos, el negocio sigue siendo redondo. El sueldo de la directora de Planned Parenthood en 2017 (era Cecile Richards, desde 2018 es Leana Wen) era de 750.000 dólares al año, señala Religión en Libertad.

La Corte de Apelaciones del Noveno Circuito de Estados Unidos dictaminó el jueves 20 de junio, desde su tribunal en San Francisco, que entrarán en vigor las nuevas normas de la ley “Title X”, normas que bloquean la entrega de dinero público federal a centros abortistas. Title X en realidad existe desde 1965 como una forma de entregar dinero público a la promoción de la anticoncepción.