El fiasco de la privatización en 2012 de Aigües Ter Llobregat (ATLL), concesión entregada y retirada a Acciona, no sólo pone en un aprieto a la Generalitat, como ejemplo de mala ejecución y peor remiendo, sino que afecta también a José Manuel Entrecanales, presidente de la compañía, presionado por esa cuestión desde el núcleo familiar, dueño del 60% de Acciona.

Lo último en el folletín de esa privatización ha sido que la Agencia Catalana del Agua -administración catalana, por tanto- haya dicho a la Generalitat que debe reelaborar las cuentas de la liquidación de la concesión. El Gobierno catalán, en concreto, pedía a Acciona una indemnización de 38,4 millones, cuando la constructora había reclamado previamente por daños y perjuicios más de 1.000.

Ese proceso sigue a otro, desde que el Tribunal Supremo anuló la adjudicación, y nada apunta a que se vaya a resolver en breve. El Tribunal de Justicia de Cataluña, mientras, se pronunció en noviembre para determinar que el contrato era “anulable”, pero no tomó en consideración que fuera “nulo de pleno derecho”, argumento al que se acoge la Generalitat para evitar el pago que reclama Acciona.

El Gobierno catalán, en cualquier caso, quiere volver a gestionar ATLL y convertirla en una empresa pública a partir de enero, mientras Acciona señala que no ha habido reuniones todavía para el trasvase de activos y los empleados, lo que no encaja con las prisas de la Generalitat.

El proceso seguirá en los tribunales, a pesar de fallos judiciales que acumula, por la indemnizaciones mutuas reclamadas por la Generalitat y por Acciona

Todo ello, sin tener en cuenta que de ese servicio depende el suministro de agua a más de cinco millones de personas, repartido en el área metropolitana de Barcelona y provincia.

El casus belli es también un flanco débil para José Manuel Entrecanales, puesto en cuestión también por las tensiones internas dentro de la sociedad familiar, de la que depende, en última instancia, que siga al frente del grupo como presidente.

El mosqueo procede, por un lado, de la apuesta de José Manuel por las energías renovables, lo que hace un flaco favor al área de construcción, que dirige su primo, Juancho Entrecanales, pero también puede haber escisiones.

Las presiones a José Manuel Entrecanales, proceden, sobre todo, de su propio núcleo familiar, dueño del 60% de Acciona.

En lo primero todavía flota el acuerdo con los Quandt, la familia más rica de Alemania, gracias al cual la alianza con Nordex, en la que ha colocado la división de renovables. Acciona tiene 29,9% de Nordex y lleva la gestión. Pero, ojo, los alemanes se reservaron, a través del control del Consejo de Vigilancia, de la competencia de despedir al CEO y resto del equipo directivo cuando lo estimen oportuno.

Respecto a lo segundo, las posibles escisiones, el caso más visible es el de María Marsans, que tiene un 5,31% de las sociedades instrumentales que controlan el 53,9% de Acciona. María es nieta del fundador de Viajes Marsans, ojo, y también segunda esposa de José María Entrecanales de Azcárate, el padre del actual presidente.

María Marsars ha dejado clara su independencia respecto a su familia política y, en particular, hacia el presidente, José Manuel Entrecanales. Un precedente en una sociedad que se reparte en amplias ramas desde el tronco fundador, no siempre coincidentes, por aquello de la rentabilidad.

En resumen, ATLL podría convertirse en la gota que colme el vaso de la paciencia, por ejemplo, de Juancho Entrecanales, primo del presidente.