• El aumento de participación del 15% al 19,7% fortalece significativamente el peso del Estado en el fabricante.
  • La maniobra, realizada con secretismo, ha pillado por sorpresa incluso al presidente de la compañía, Carlos Ghosn.
  • El objetivo es imponerse en la próxima junta de accionistas para que no rechacen la Ley Florance.
  • Esa norma favorece a los accionistas que mantienen sus posiciones a largo plazo.
  • La operación llega, además, en un momento estratégico de la integración de Renault y Nissan, segundo accionista con el 15%.
  El Estado francés ha dado un golpe de mano en el grupo Renault al aumentar su participación del 15% al 19,7%. Lo anunciaron ayer miércoles los ministros de Finanzas, Michel Sapin, y de Economía, Emmanuel Macron. La prensa francesa se ha hecho eco de la maniobra y ha destacado el secretismo con el que ha realizado. Es más, se puede asegurar que ha pillado por sorpresa a todos, incluso al presidente, Carlos Ghosn (en la imagen junto a François Hollande), que fue avisado en el último momento. La prensa gala también coincide en la interpretación de la maniobra, fundamentalmente táctica, para imponer de facto en la compañía la Ley Florance, muy cuestionada en Renault y cuya aplicación depende del visto bueno de dos tercios de los accionistas. La decisión de aumentar su participación, impulsada desde la Agencia de Participaciones del Estado (EPA), implicará una inversión pública de entre 814 y 1.232 millones de euros, pero proporcionará al Estado un 23,2 % de los derechos de voto. En otras palabras, la Ley Florance se aplicará sí o sí en el fabricante automovilístico. Estamos, por tanto, ante una operación muy al estilo francés en lo que a la protección de empresas nacionales se refiere. En otras palabras, el Estado francés es muy suyo a la hora de mantener su influencia en las empresas patrias, del mismo modo que las protege contra OPAs hostiles llegado el caso (ya pasó con Danone). Cosas de la Grandeur. En esta ocasión, el Gobierno francés tampoco lo ha disimulado. En la nota de prensa conjunta de Sapin y Macron se dice textualmente que la operación se ajusta a la "nueva doctrina del Estado accionista, consistente en tener una gestión activa de su cartera con las mismas herramientas de todo inversor". El comunicado señala también que se trata de defender a los accionistas asalariados y que se ha elegido la mejor opción dentro de un "capitalismo de progreso". La cuestionada Ley Florance duplica el valor de las acciones si los titulares de las mismas las mantienen durante más de dos años. El objetivo es claro: forzar a los inversores a que mantengan sus posiciones a largo plazo. El Gobierno francés defiende su aplicación porque aumenta "la influencia de los accionistas" y asegura que ya la aplican la mitad de las empresas más importantes que cotizan en el índice de referencia francés, el CAC 40. El problema, en el caso concreto de Renault, es que se resistía a ello como gato panza arriba. Y esa resistencia podría plasmarse en bloqueo en la próxima junta de accionistas de la compañía, que se celebra 30 de abril y en la que está previsto votar una resolución para rechazar las disposiciones de la Ley Florance. Está claro que la cosa cambia si el Estado tiene el 23,2% de los derechos de voto y si tenemos en cuenta que a la junta no acuden todos los accionistas. El año pasado, de hecho, el quórum fue del 64%, lo que aumentó al 25% la capacidad de maniobra del Estado francés. Este año, tras la operación sorpresa, la influencia del Gobierno será mucho mayor: podría rondar el 33%. El segundo accionista de Renault es Nissan, con el 15% de la capital. Es otra de las circunstancias que rodean la maniobra. La junta del 30 de abril llega en un momento estratégico. Renault y Nissan están comprometidos desde el año pasado en un proceso de integración (plataformas, direcciones y plantas comunes) que el Estado francés pretende impulsar. Rafael Esparza rafael@hispanidad.com