Hoy ha tenido lugar la apertura del Año Judicial en presencia del Rey Felipe VI. La cercana sentencia del ‘procés’ independentista en Cataluña  -que dictará próximamente el Tribunal Supremo-  ha sobrevolado el acto.

De hecho, en su intervención, la fiscal general del Estado, María José Segarra, ha advertido que "todos" tienen "la imperiosa obligación de acatar la sentencia", "sea cual sea el sentido de la misma".

Segarra ha explicado que la actuación del sistema judicial en este caso ha consistido en la "aplicación serena, firme y rigurosa de la Ley", con un juicio celebrado "bajo los más amplios estándares de transparencia, accesibilidad y garantías de las partes", lo que sólo puede ser interpretado como "la más viva afirmación" del Estado de Derecho.

En la misma línea, el presidente en funciones del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, ha apuntado: “Sin Justicia no hay convivencia. La sociedad sólo puede desarrollarse en paz y concordia si cuenta con un instrumento independiente y neutral para la resolución de sus conflictos, al que se reconozca la legitimidad suficiente como para que sus decisiones sean acatadas y respetadas".

En el caso de ‘La Manada’, el Ministerio Público ha estado “a la altura” y ha sido “coherente”, según Segarra

“Nuestro Estado no será democrático si no garantiza el respeto al Derecho, pues Derecho y democracia son dos principios co-originarios". "Y es preciso añadir que tan indisolublemente está unida la democracia al Estado de Derecho como a éste la existencia de un Poder Judicial independiente. El Derecho necesita a los jueces para su realización”, ha recalcado también Lesmes.

"Es principal misión de la Justicia, servida por jueces independientes y responsables, la garantía de la sumisión de todos los poderes públicos a la Constitución y a la ley y la protección de los derechos y libertades públicas, constituyéndose en el bastión último y definitivo de su defensa", añadió el presidente del Tribunal Supremo.

Volviendo al discurso de la fiscal general del Estado, María José Segarra, esta también se ha referido al caso de ‘La Manada’, para afirmar que el Ministerio Público ha estado “a la altura” y ha sido “coherente”. “Nuestra posición ha sido coherente, considerando que nos encontrábamos ante una agresión sexual y no ante un abuso sexual”. Así, agrega, “lo hemos mantenido y reiterado en las diversas fases del procedimiento”.

Segarra ha planteado una visión feminista de la justicia y defendido la legislación sobre delitos de odio

Por ello, ha proseguido Segarra, "hemos puesto en marcha los mecanismos procesales previstos en las leyes para modificar las resoluciones con las que no hemos estado de acuerdo”. De esta forma, “frente a una pretendida deslegitimación del sistema que se ha promovido desde algunos sectores, la Fiscalía considera que la utilización de los resortes legales es la mejor vía para intentar subsanar las deficiencias que, en su caso, se hayan podido producir”.

En cualquier caso, Segarra ha planteado una visión feminista de la justicia y defendido la legislación sobre delitos de odio. Así, asegura que no conocemos el ambiente de la prostitución y ha presentado a las prostitutas como víctimas y ha citado a los clientes como los repsonsables del negocio.

Y es que la Fiscalía ha presentado la Memoria Anual de la Fiscalía General del Estado, en la que destaca el aumento de los delitos sexuales un 23,2%. En concreto, las agresiones sexuales se incrementaron un 23,7%, los abusos sexuales crecieron un 30,7%, mientras las violaciones aumentaron un 9,5%. Además, destaca un "dato de la mayor relevancia", que es el abuso a niños. Para hacer frente a esta situación, la Fiscalía ha propuesto el uso de cámaras en las aulas. 

Mucho hincapié en su discuso, también, en los delitos de odio, a pesar de que no son pocas las voces que contemplan esta nueva legislación como un peligro para la libertad de expresión.