• Seur, controlada por el correo estatal francés, pretende que liberalice este servicio público a efectos procesales y administrativos.
  • Correos se niega: no quiere perder este segmento de negocio y alega que apenas se ha privatizado en otros países.
  • Nuevo palo para Correos, que se une a los que recibió en 2016 por parte de la CNMC y de Bruselas.
El Tribunal Supremo (TS) parece que está dispuesto a acabar con el monopolio de Correos y ordena la liberalización del sector del burofax. Y es que el pasado 15 de diciembre falló que no había lugar al recurso de casación presentado por la Comunidad de Madrid contra la sentencia del 22 de octubre de 2014. Hace más de dos años, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) estimó el recurso presentado por Seur Geopost contra la resolución del 15 de noviembre de 2012 del Tribunal de Administración de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid. Esta última confirmaba la Orden del 12 de septiembre de 2012 del Consejero de Economía y Hacienda. Así, en octubre de 2014, el TSJM ordenó que la región volviera a licitar el lote nº 1 (telegramas nacionales e internacionales) de su Acuerdo Marco para Prestación de Servicios Telegráficos y de Burofax. Y es que en la Orden del 12 de septiembre, la Comunidad de Madrid había desestimado el lote nº1 de la licitación. Curiosamente, tres meses después de que Correos remitiera un escrito señalando que los servicios de telegramas deben adjudicársele al ser el único operador que puede prestar el servicio según la Ley General de Telecomunicaciones. Al hilo de este asunto conviene recordar que Seur está controlada por la estatal de correos francesa (La Poste), pues su filial Geopost empezó a adquirir franquicias de la empresa española hasta controlar la mayoría en 2012 y dos años después tenía el 68%. Y con la citada historia judicial pretende que se liberalice el sector del burofax a efectos procesales y administrativos. No extraña que Correos se niegue, pues no quiere perder este segmento de negocio y además alega que apenas se ha privatizado en otros países. Pero el fallo del TS es un nuevo palo para la empresa pública española, que se une a los recibidos en 2016 por parte de la CNMC y de Bruselas. Cristina Martín cristina@hispanidad.com