Los ataques a la libertad religiosa en España han aumentado de 166 producidos en 2017 a 200 en 2018, es decir, un 20%, según el Informe de ataques a la Libertad Religiosa en España, que realiza, por octavo año consecutivo, el Observatorio para la Libertad Religiosa. Los ataques a templos han subido una vez más, pasando de 44 en 2017 a 53 el año pasado. Este dato no ha dejado de incrementarse desde 2014, año en el que se produjeron ocho casos.
“Es muy preocupante que, año tras año, los ataques a templos crezcan. Esto puede provocar miedo en los creyentes a ir a rezar o a celebrar su fe”, explica María García, presidenta del OLRC. “La libertad religiosa es la ‘prueba del algodón’ de los derechos humanos. Una democracia como la nuestra no puede permitir que se produzca un número tan alto de ataques a la libertad religiosa, ya que este es el derecho más íntimo de la persona, pues afecta a su conciencia”, prosigue García.
De los 200 casos registrados, 133 se han dirigido contra los cristianos (109 a católicos). Es decir, el 66,5% de todos los ataques son contra cristianos (54,5% contra católicos). Respecto a otras confesiones, cabe destacar que 16 se han dirigido contra musulmanes (8%) y 6 han tenido como objetivo los judíos (3%). Por último, 45 ataques pueden considerarse contrarios a todas las religiones al querer imponer un laicismo radical que intenta eliminar a las religiones del ámbito público (22,5% de los casos).
Podemos es el partido más laicista con 32 casos; seguido del PSOE, con 30
Los casos de laicismo beligerante han aumentado considerablemente (de 62 en 2017 a 90 en 2018), “lo que demuestra que una parte de la sociedad busca que la religión desaparezca de la esfera pública”, apunta la presidenta del OLRC.
Podemos es el partido más laicista con 32 casos. Izquierda Unida se encuentra en tercera posición, con 29 casos. En el informe se cuentan por separado ya que, en algunos lugares de España, no forman coalición, como sí ocurre en el Congreso. Ambos suman 61 casos, que dobla a los del segundo partido más laicista, el PSOE, con 30.
Por meses, marzo es el mes en que más casos se registraron (37), sin duda motivado por los ataques a lugares de culto que grupos feministas radicales realizaron durante el 8 de marzo, Día de la Mujer trabajadora. “Un día que debería ser de celebración se convierte, para grupos feministas radicales, en una jornada para atacar las creencias de los demás, demostrando su intransigencia”, remarca María García.
Por Comunidades Autónomas, Valencia, con 30 casos, es la comunidad autónoma con más ataques, seguida de Andalucía (26) y Madrid y Cataluña (ambas con 21).
Los senadores del Partido Popular Javier Puente (Cantabria), Rodrigo Mediavilla (Palencia) y Pablo Ruz (Alicante) han presentado una moción en favor de la libertad religiosa
En ese contexto, los senadores del Partido Popular Javier Puente (Cantabria), Rodrigo Mediavilla (Palencia) y Pablo Ruz (Alicante) han presentado una moción en favor de la libertad religiosa, apoyándose en los datos recabados por el Observatorio para la Libertad Religiosa y de Conciencia en su informe de 2018.
María García, presidenta del Observatorio, ha declarado que “es sumamente positivo que haya políticos que trabajen para que se proteja cada vez más la libertad religiosa, un derecho fundamental de los ciudadanos”, ya que, como siempre afirma García y los senadores recogen en su moción, “a menudo se confunde aconfesionalidad del Estado, como prescribe la Constitución Española, con la marginación de las creencias religiosas del ámbito público”.
Los senadores remarcan que el respeto hacia la libertad religiosa de los ciudadanos, no es únicamente beneficioso para los creyentes, sino que promueve que exista una “convivencia pacífica entre ciudadanos”.
Así, en la moción piden que los distintos partidos políticos respeten este derecho fundamental y velen porque se proteja y que se cumplan los tratados firmados por el Estado con las distintas confesiones. También demandan que exista una vigilancia desde las Administraciones para propiciar una reducción en el número de ataques y que ningún delito contra este derecho quede impune, además de mejorar la atención a las víctimas. Por último, piden que las administraciones respeten y salvaguarden los símbolos religiosos que se encuentran en espacios públicos “como representaciones de las creencias de los ciudadanos”.