• El fondo del Gobierno omaní vende el 5%, porcentaje con el que ha acumulado una rentabilidad del 172% desde 2009. Sumen a ello seis años de dividendo. Se va contento.
  • Sólo faltaría que se fuera también la SEPI: tiene un 5%, pero no lo puede vender al tratarse de una participación mínima por ley. Menos mal.
  • Y ahí está el debate: dejar a tiro de la especulación financiera bienes básicos para el Estado, como las redes de gas o electricidad.
  • Con las infraestructuras necesarias, no se trata de privatizar lo bueno, sino de licitar lo menos rentable con un canon de gestión. Salimos ganado todos.
  • El modelo vale para las grandes infraestructuras, no sólo de gas o electricidad; también para las ferroviarias o de comunicación.

El fondo Oman Oil Holdings, uno de los brazos financieros del Gobierno de Omán, se va de Enagás. Los bancos Citigroup y Deutsche Bank han dado los detalles de la colocación acelerada del 5% en la comunicación a la CNMV. La operación en sí, en el mundo que nos movemos, no tiene más importancia que la entrada y salida de capital de las empresas o los fondos. Son inversiones financieras. Pero mirada con más detalle el fuga de Omán plantea otra cuestión, de más calado, que vuelve al debate cíclicamente: la presencia de los fondos soberanos o de inversión (especulativos), a los que les importa un bledo su presencia en una infraestructura básica del Estado. La cuestión replantea, a su vez, una reestatalización de algunos bienes básicos (también ha salido estos días en campaña electoral) que no deberían ponerse a tiro de la especulación financiera. En el caso de Enagás o Red Eléctrica, por ejemplo, están en juego las infraestructuras energéticas: las redes de gas y eléctrica. Omán sale del capital de Enagás por las plusvalías que acumulaba -lo ha hecho hoy como podía hacerlo dentro de seis meses-, que se unen al beneficio que ha obtenido vía dividendos desde junio de 2009, cuando adquirió el 5% -entonces en manos de Fenosa- que ha colocado en el mercado en un día. Ha traspasado ese paquete por un importe de 314,4 millones de euros, con un descuento del 2,5% respecto al cierre del martes. La acción cerró ayer a 27,015 euros y las ha vendido a 26,34 euros. Pero lo más importante: Omán miraba a su rentabilidad latente en Enagás, del 172%. Sólo faltaría que el único accionista público, la SEPI, que controla el 5%, se fuera también de la gasista. Saben que no puede hacerlo al tratarse de una participación mínima por ley, precisamente por ser una infraestructura importante para sostener la red de gas. Y lo mismo sucede con Red Eléctrica, donde la sociedad estatal tiene un 20%. En la última junta, REE aumentó un 18% el dividendo (un 7% más de lo esperado), a mayor gloria de los fondos de inversión extranjeros, que controlan el 67,2% del capital. El presidente de la SEPI, Ramón Aguirre, señaló a Hispanidad hace un tiempo que el Estado no venderá sus participaciones ni en Enagás ni en REE. Menos mal. La exposición de estas situaciones abre un debate más amplio sobre las privatizaciones, la presencia del Estado o la reestatalización de algunas infraestructuras. En el caso de las redes de gas o electricidad, está muy claro que el peso del Estado debería ser más decisivo. Pero hay otros ámbitos como el ferroviario o el de las comunicaciones que invitan a una consideración ineludible: se trata de que el Estado se quede con lo bueno y ponga a disposición de las empresas privadas lo menos bueno (o sencillamente malo), en la línea de lo que han hecho en países como Alemania o Francia. También se planteó la cuestión en la privatización parcial de AENA, el gestor de los aeropuertos españoles, cuando entraron a saco en su capital los fondos especulativos. Liberalizar es sano, pero plantea problemas y también alternativas, como quedarse con lo más rentable (lo bueno) y sacar a concurso la gestión de lo menos bueno. En el caso ferroviario está muy claro. Si el AVE va bien y es una infraestructura rentable ¿para qué dejarlo en manos de depredadores? Otra cosa mariposa son los trenes de cercanías, que son un servicio público pero difícil de sostener en términos de rentabilidad. En ese caso, se trataría de ponerlos en manos privadas pagando por su gestión, como en un contrato a pérdidas. Es decir, se trataría de acudir al sistema de concesiones inversas: convocar un concurso público, en este caso por Renfe, en el que se ofrezca un canon que compense las pérdidas del gestor. Es Estado no piede y los contribuyentes ganan. De algún modo es lo mismo que se ha hecho con la Televisión de Murcia. Como era extraordinariamente costoso mantenerla, se sacó a concurso público con un presupuesto concreto (más bien parco), en el que el pujador se comprometía a mantener equis estándares en la programación (por ejemplo en informativos), pero sabiendo que el presupuesto es el que es, no más. Rafael Esparza