La herencia que Borja Prado le ha dejado a Pepe Bogas en Endesa no resulta especialmente deseable.
En Endesa aún no hay luz en el largo conflicto laboral que vive desde hace meses. Como saben, este surgió por el bloqueo de la negociación del V Convenio Colectivo -el cual lleva más de dos años encima de la mesa-, cuya principal traba ha sido el fin del descuento en la factura de la luz a 26.000 empleados jubilados. Ahora estos últimos recuerdan que se reconoció dicho descuento con carácter permanente antes de 1999.
Lo hacen en un informe jurídico elaborado por el catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad Autónoma de Barcelona, Eduardo Rojo Torrecilla. La Coordinadora de Asociaciones y Colectivos de Pensionistas y Prejubilados/as del Grupo Endesa -que agrupa a 10.000 pasivos- ha enviado dicho informe al árbitro Manuel Pimentel. Recuerden que el exministro popular fue elegido para dirigir el proceso de arbitraje que sólo aceptó UGT (rompiendo la unidad sindical).
El personal (tanto activo como pasivo) que trabajaba para Endesa o sus filiales en abril de 1999 tiene garantizados sus derechos con carácter 'ad personam' y permanente
En dicho documento y en otro escrito de la Coordinadora (ver documento adjunto) se dice que el ‘Acuerdo marco de garantías sobre la regulación de los procesos de reordenación societaria y reorganización empresarial del Grupo Endesa’, que se firmó el 27 de abril de 1999, se extiende a todo el personal (tanto activo como pasivo) que en dicha fecha trabajaba para Endesa o cualquiera de sus filiales. Por tanto, esas personas tienen garantizados sus derechos con carácter ad personam y permanente. Y entre estos derechos está el descuento en la factura de la luz, que es salario en especie sobre el que “nadie tiene derecho a decidir”, afirma la Coordinadora. “Lo conseguimos luchando y negociando, sin ayuda de terceros y no está a disposición ni de la empresa, ni de una sección sindical ni de ningún árbitro”.
El informe del catedrático Rojo Torrecilla insiste además en que se estableció que si los siguientes convenios colectivos resultaban menos favorables, la empresa estará obligada a respetar las condiciones más favorables del convenio de origen. Asimismo, añade que el IV convenio colectivo no incluye en su ámbito de aplicación al personal pasivo y familiares, por lo que las modificaciones que pudieran hacerse en el arbitraje sobre el beneficio de suministro de energía eléctrica no debería afectarles.
Entre los magistrados de la sentencia de la AN estaba María Carolina San Martín Mazzucconi, colaboradora de Sagardoy Abogados, firma que defendía a Endesa
Recuerden que CCOO y el Sindicato Independiente de la Energía (SIE) se negaron a participar en el arbitraje y mantienen el litigio en sede judicial. En concreto, esperan a que el Tribunal Supremo se pronuncie sobre el recurso de casación que presentaron junto a Confederación Intersindical Gallega (CIG) contra la sentencia que la Audiencia Nacional emitió el pasado 26 de marzo. Este fallo, como saben, fue el que avaló el fin del descuento en la luz para los jubilados y no estuvo exento de polémica: una de las firmantes, la magistrada María Carolina San Martín Mazzucconi, llevaba ocho años colaborando con la sociedad Sagardoy Abogados -la misma de la que forma parte el letrado José Luis Fraile, que defendió a Endesa-. Pese a la queja, finalmente, dicha magistrada no fue sancionada por Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Además, no hay que olvidar que hay una gran cantidad de demandas individuales de exempleados en los juzgados de lo social.
Por último, conviene recordar algunos números relacionados con este salario en especie que Endesa ya no distribuye: sólo le cuesta 40 millones de euros frente a 1.058 millones que se llevan los italianos de Enel (dueños del 70% de la compañía) vía dividendos. Asimismo, no hay que olvidar que a Endesa no parece dolerle el dinero que se ha gastado recientemente en publicidad: patrocinó la Cumbre del Clima (2 millones de euros), compró portadas y también incorporó encartes en prensa. Y todo para parecer una empresa muy verde, aunque lo cierto es que es una de las más contaminantes.
La Coordinadora de pensionistas y prejubilados avisa que el laudo que elaborará Pimentel no será un arbitraje de equidad (como venden Endesa y UGT), sino de expolio: parte de lo que nos saquen irá a dividendos y a alguna mejora para los activos
Paralelamente, el conflicto laboral prosigue. La Coordinadora se concentró el pasado jueves en la sede central de Endesa, en Madrid, y en su comunicado de este viernes ha recordado que la próxima semana se conocerá el laudo que emita el señor Pimentel, “cumpliendo lo acordado entre la Dirección de la Empresa y la sección sindical de UGT-Endesa, le llamaron Arbitraje de Equidad”, pero “la realidad es que para los pensionistas y prejubilados lo previsto es un Arbitraje de Expolio”, y parte de lo que nos saquen será para repartir dividendos empresariales y alguna mejora para los activos/as”. Un laudo que “no acaba nada, tendrá respuesta jurídica. Y lo mejor que podría hacer el árbitro es abstenerse de opinar sobre nuestros derechos; derechos que no pueden depender de la vigencia de este Convenio o de los futuros”.
Y aún hay más relacionado con Endesa: a cierre de mercado, Helena Revoredo ha presentado su dimisión como consejera independiente por motivos personales. La presidenta de Prosegur (que también es consejera de Mediaset España) era miembro del Comité de Auditoría y Cumplimiento y también del Comité de Nombramientos y Retribuciones de la energética.