En más de una ocasión, Hispanidad ha abordado que las renovables nos han salido carísimas a los españoles, algo que parece no preocupar a la vicepresidenta cuarta y ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, que es una gran entusiasta de las mismas. Pero al menos en los últimos tiempos, se empiezan a ganar laudos internacionales y algunos fondos están renunciado a sus reclamaciones.

Conviene recordar que el origen está en las generosísimas primas a las renovables que dio José Luis Rodríguez Zapatero, prometiendo una rentabilidad del 7,398%: así disparó el déficit de tarifa a casi 30.000 millones de euros (el cual cerró 2020 en 14.294 millones y se prevé que acabaremos de pagar en 2028). A esto se suma que el recorte de dichas primas -primero por el ministro socialista Miguel Sebastián en 2010 y luego por el popular José Manuel Soria en 2013- provocó que llegaran reclamaciones milmillonarias de fondos y compañías en laudos internacionales.

El origen está en las generosísimas primas que dio Rodríguez Zapatero y dispararon el déficit de tarifa que seguimos pagando. Primas que después recortaron Miguel Sebastián y José Manuel Soria, provocando reclamaciones milmillonarias 

En concreto, nuestro país es el primero de la Unión Europea y el segundo del mundo que más casos acumula derivados de demandas que se apoyan en el Tratado sobre la Carta de la Energía (TCE), un acuerdo internacional firmado por varios países en 1994 que exige un tratamiento justo y equitativo a todos los inversores en un Estado firmante. Actualmente, a España le reclaman más de 7.700 millones de euros y tiene 48 procesos arbitrales abiertos (29 están pendientes de resolución y 19 en fase de anulación o de anulación y ejecución). De estos últimos, seis han sido favorables a los intereses de España y sumaban unas indemnizaciones reclamadas de 990,68 millones: las cuatro victorias en los casos de Charanne y Construction Investment, Hydro Energy, Isolux Infr Netherlands y Statdwerke Munchen y otros; la desestimación del de Solarpack; y la anulación del de Eiser Infrastructure, tras lo que el fondo británico ha renunciado al litigio y ha anunciado que abandona la disputa judicial, como ha informado recientemente El Economista.

Hasta ahora, España debería pagar 860 millones a los demandantes, de los que siete ya han pedido la ejecución de las sentencias en tribunales de EEUU y de Australia. El tribunal del Distrito de Columbia de EEUU aglutina la mayoría de las peticiones, pero ha decidido esperar a que los laudos sean firmes antes de autorizar el embargo de bienes españoles en su territorio. No hay que olvidar que todos los fallos han sido recurridos por la Abogacía del Estado, que ha habido un cambio en la jurisprudencia de las cortes arbitrales y que el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), organismo de arbitraje del Banco Mundial, ha dado el visto bueno a la reforma Soria y ha señalado que cuando España redujo la rentabilidad de las renovables no hizo ninguna ilegalidad y lo hizo en defensa del interés público y en circunstancias extraordinarias.

Todos los fallos han sido recurridos por la Abogacía del Estado, ha habido un cambio en la jurisprudencia de las cortes arbitrales y el CIADI ha llegado a dar el visto bueno a la reforma Soria 

The PV Investors (reclamaba una indemnización de 1.900 millones), Element Power Holdings BV, RREEF, Stadwerke y Masdar, entre otros, han decidido renunciar a pleitear en contra del Ejecutivo español, y Ferrostal y RWA han señalado su voluntad de hacerlo. Sin embargo, siguen llegando nuevas demandas: la última se presentó el pasado noviembre por parte de Mitsui & Co y asciende a 260 millones. Entre los laudos perdidos resueltos, están: los de Watkins Holdings, Novenergia, Impax Asset Management y el inversor alemán SolEs Bodajoz, y los de RREEF y RWE Innogy, son los que reclamaban la cuarta y la quinta indemnización más alta (441 millones y 430,7 millones, respectivamente) y están pendientes de fijación las indemnizaciones del laudo.

Recuerden que a finales de noviembre de 2019, el Gobierno Sánchez (entonces sólo socialista) impulsó una normativa para intentar llegar a acuerdos con los fondos y que retiraran sus demandas: un régimen económico extraordinario con una rentabilidad del 7,4% hasta 2031 para las instalaciones anteriores al recorte de 2013. Esto ha traído algunas buenas noticias ya citadas y otras, como que el Gobierno sólo debe compensar con un 10% de lo que reclamaba a Eurus, filial del grupo Toyota, o la desestimación del arbitraje presentado por BlackRock. Pero el futuro también tiene algunas sombras, porque el Tribunal Supremo de Justicia de Suiza desestimó el recurso de España para anular el laudo por el arbitraje presentado por PV Investors, un grupo de 16 fondos (entre ellos, AES, Ampere Equity, Element Power, Eoxis, Foresighty, GreenPower y HG Capital), aunque PV Investors y Element Power han decidido dejar de pleitear.

Por si todo esto no fuera suficiente, la carísima factura de las renovables se está elevando con la burbuja especulativa que no deja de crecer. Cuidado, porque podría estallar, como ya pasó con la que vivió el sector inmobiliario hace unos años. Y mientras Ribera se luce con sus últimas medidas y con el precio de la luz disparado y en un nuevo máximo. 

En cualquier caso, ¿quién disparó las primas a las renovables? El PSOE de Zapatero.