El escándalo conocido como ‘FIFA Gate’ aún colea. Este caso de corrupción afectó al máximo ente del fútbol mundial y en el mismo, participó, presuntamente, una filial de Mediapro mediante el pago de sobornos para hacerse con los derechos audiovisuales de diversos partidos de fútbol. Ahora, Gerard Romy, exsocio de Jaume Roures (fue uno de los fundadores de Mediapro junto a este y a Tatxo Benet, y accionista hasta 2018, cuando vendió su 12% al fondo chino Orient Hontai Capital), y que llegó a ser CEO de la filial de EEUU, ha sido acusado de varios delitos por el pago de 2,7 millones de euros en sobornos.
Un tribunal federal de Brooklyn (Nueva York, EEUU) ha acusado a Romy de delitos de fraude, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal, que podrían tener una condena de hasta 20 años de cárcel cada uno, y tendrá que sentarse en el banquillo. La Fiscalía de EEUU le acusa de participar en una trama “para pagar millones de dólares a altos responsables de la Unión Caribeña de Fútbol (CFU) y de la Unión Centroamericana de Fútbol (UNCAF)”, que dependen de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf), para lograr los derechos televisivos de los partidos de clasificación para la Copa del Mundo de Rusia de 2018 y de Qatar en 2022. “Romy y sus cómplices acordaron pagar a Jeffrey Webb, un antiguo responsable de la CFU y presidente de la Concacaf, un soborno de 3 millones de dólares (unos 2,7 millones de euros) a cambio de la adjudicación de un contrato para lograr los derechos de retransmisión y de marketing”, señala la Fiscalía estadounidense.
Así, se recoge en informaciones de varios medios y OK Diario aporta documentación oficial sobre el asunto. Asimismo, recoge que “a Romy y a Full Play, una compañía de marketing deportivo constituida en Uruguay, los fiscales americanos le aplican la ley federal RICO (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act- Ley de Chantaje Civil, Influencia y Organizaciones Corruptas) que fue aprobada para combatir a la Mafia en 1970”. Y es que la trama que incluía el uso de compañías fantasmas en paraísos fiscales, contratos de consultoría simulados y otros métodos de ocultación para disfrazar los sobornos.
En julio de 2018, Mediapro ya reconoció su implicación en estos hechos del ‘FIFA Gate’, pero evitó ir a juicio al alcanzar un acuerdo a cambio de pagar unos 20 millones de euros. Recuerden que por este caso de corrupción, el propio Roures denunció a Hispanidad, pero perdió el juicio y el recurso: el juez sentenció que actuó con “mala fe” contra este medio.