Madrid, Sevilla, Córdoba, Vizcaya, Cádiz… son algunos ejemplos de municipios en los que se han interrumpido misas porque, según la autoridad competente, los feligreses no cumplían las normas sanitarias para evitar contagios. Y lo peor, además de la eliminación de la Eucaristía, es que son los propios vecinos los que han denunciado la peligrosísima Santa Misa.
Así ha ocurrido el domingo, por ejemplo, en Sevilla, donde unos vecinos del barrio de Triana llamaron a la policía local porque se estaba celebrando una misa en la azotea de la parroquia de Los Paules. Dio lo mismo que sólo hubiera seis feligreses y que guardaran la distancia ‘social’ para evitar contagios, y que otros vecinos siguieran la celebración desde sus terrazas. El agente consideró que había que suspender la misa y la suspendió, ante el cabreo de los fieles y la alegría de los chivatos.
¡Qué peligrosa es la Eucaristía! Es lo que pensaron los policías nacionales que el viernes interrumpieron la misa en la parroquia de San Servando y San Germán, en el barrio gaditano de La Laguna (en la imagen, el interior del templo antes del coronavirus). Otra vez, fueron los vecinos los que alertaron a los agentes: entre 15 y 20 personas se agolpan a diario en esta iglesia para asistir a misa. Intolerable. Peor aún: la mayoría de los asistentes eran personas mayores, esto es, población de riesgo. ¡Qué barbaridad! Hay que impedir que se contagien, al menos hasta que el Gobierno apruebe la eutanasia.
El caso es que fueron los agentes -again- quienes consideraron que aquella reunión no cumplía las normas sanitarias básicas y suspendieron la misa.
Son sólo algunos ejemplos de lo que está pasando en todo el país. En cualquier caso, es la Iglesia clandestina que se esconde de sus propios vecinos, mientras el Gobierno se lava las manos. No necesita mancharse. Pero eso sí, ha dejado el huevo de la serpeiente en la normativa sobre el estado de alarma: será la propia autoridad, incluido en la autoridad el guindilla de las multas, quien decida qué contagia y qué no contagia. Es decir, el que decida qué es legal y qué es perseguible. Se trata del mayor ataque a la libertad religiosa de toda la historia democrática.