La Fiscalía Anticorrupción es conocida entre los malvados de la jurisprudencia (apenas un 99% de sus miembros) como fiscalía pro-corrupción.
En cualquier caso, Los perseguidores de políticos corruptos han decidido, miren por dónde, que el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, no debe ser juzgado por el Supremo en el caso Dina.
¿Quién le ha dado vela en este entierro a Anticorrupción? Que se sepa, fue el juez Manuel García-Castellón quien derivó al Tribunal Supremo al aforado Iglesias, por entender que había indicios claros de delito.
Pero no se apuren, mientras el Gobierno Sánchez coincida con la fiscalía, en su sentido más amplio (Fiscalía General del Estado, Anticorrupción, fiscal jefe del Supremo, etcétera) Iglesias podrá anticipar, como hizo ayer -en sede parlamentaria-, que el Tribunal Supremo no le encausará.
¿Cómo lo sabe si los jueces aún no tienen el expediente en sus manos? Pues porque es listísimo don Pablo, naturalmente.
Algunos estamos dispuestos a ofrecer doble contra sencillo a que, en efecto, Iglesias tiene razón. La doctrina se resume así: no hay narices para juzgarme a mí y quien lo haga... que se atenga a las consecuencias.
Pero conste que lo que existe entre el Gobierno y la Fiscalía no es dependencia, es coincidencia.
La guinda de la tarta: casualmente el fiscal que pide la exoneración es... Ignacio Stampa, el fiscal acusado -aunque la investigación resultó fallida- de mantener una relación íntima con la abogada de Pablo Iglesias, de Dina y de Podemos, la famosa Marta Flor. Naturalmente, pura coincidencia.