Pablo Iglesias echa un nuevo pulso dentro del Gobierno de coalición -ya hemos perdido la cuenta de cuántos lleva-, ahora con Teresa Ribera. El vicepresidente segundo y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030 quiere prohibir cortes de luz, agua y gas a familias vulnerables, pero la vicepresidenta cuarta y titular de Transición Ecológica y Reto Demográfico se niega. Si al final el líder podemita se sale con la suya, sería otro golpe a las eléctricas, unido a la congelación de costes hasta abril.
En una entrevista en 20 Minutos, Iglesias no ha tenido reparos en señalar:“Sé que las compañías energéticas presionan a algunos ministros, porque defienden sus intereses. La obligación del Gobierno, y en particular de Unidas Podemos, es defender el interés general”. Pero no ha dado nombres de los que, según él, no hacen esto último, subrayando que “todos estamos obligados a defender la Constitución”. “Nadie entendería que, con el frío que está llegando, pueda haber familias vulnerables que, por unas circunstancias de vulnerabilidad que nadie elige, puedan ver cómo se les corta la luz o la calefacción. Eso lo entendemos todo el Gobierno, y todos recibimos presiones”, ha añadido.
La vicepresidenta ecologista ofrece ampliar el alcance del bono social eléctrico e incluso se ha llegado a plantear crear un bono multisuministro
La vicepresidenta ecologista no es partidaria de prohibir los cortes de suministros básicos, algo que sí se hizo durante el primer estado de alarma (entre marzo y junio). Ahora ofrece ampliar el alcance del bono social eléctrico e incluso se ha llegado a plantear crear un bono multisuministro (que afectaría también al agua y al gas). Pero a Iglesias no le parece suficiente, a pesar de que sus ideas han generado unas cuantas chapuzas: el Ingreso Mínimo Vital (IMV) llega a una mínima parte de lo que se prometió y la información de una ayuda especial para algunos trabajadores llega cuando ha acabado el plazo para poder solicitarla.
Paralelamente, el Departamento de Ribera planea una nueva congelación de los actuales peajes de electricidad hasta el próximo 1 de abril. Algo que afectaría a las compañías con mayor componente regulado, en concreto a Red Eléctrica y Endesa, según los analistas del Banco Sabadell. Todo ello con un déficit eléctrico creciente, pues se prevé que este año sea superior al de 2019 (700 millones de euros): algunos creen que podría duplicarlo, aunque los analistas del Banco Sabadell estiman que cerrará en unos 900 millones, por el aumento de costes, las medidas extraordinarias de protección social ante la pandemia y los menores ingresos provocados por un menor consumo. Y eso sí, no hay que olvidar la pesada herencia de la deuda acumulada que dejó José Luis Rodríguez Zapatero (el famoso déficit de tarifa por sus cuantiosas primas a las renovables) que aún no hemos terminado de pagar y cerró el año pasado en 16.602 millones.