Sin ese nombramiento, Fernando Abril-Martorell continúa sin poder formar un equipo a su medida. No le gusta Javier de Andrés, pero seguirá como consejero delegado. Al mismo tiempo, el presidente exige al Ministerio de Defensa que 'cumpla'; o sea, más pedidos. Otro problema: Telefónica se resiste a aumentar su participación de inmediato. Por cierto, la Sepi ya puede vender con plusvalías su participación del 20%: compró a 10,2 euros y la acción está ya por encima de 11. A perro flaco, todo son pulgas, dice el refrán. Indra no es un perro, dicho con todo respeto, sino una importante compañía tecnológica, referente en muchos de los frentes de su actividad, pero arrastra también un culebrón casi interminable en los entresijos de la sucesión de Javier Monzón, presidente de la compañía desde su fundación en 1993, especialmente en los tres últimos años. Y es ahí donde están las pulgas, dicho también con todo respeto. Todo terminó, aparentemente, con el golpe de mano del Gobierno para colocar en la presidencia a Fernando Abril-Martorell. Pero queda mucho por despejar, entre otras cosas, porque Abril no ha podido formar aún su equipo de gestión. Es verdad que Abril-Martorell se centró inicialmente en el saneamiento de las cuentas de la empresa (lean: la pesada herencia dejada por Monzón), pero eso no quiere decir que descuidara lo otro: la formación de un equipo a su medida. Es más, su idea era colocar como consejero delegado a Alfonso Alonso (en la imagen) -no confundir con su homónimo, el ministro de Sanidad-, mano derecha de Abril durante sus etapas en Telefónica y Prisa, aunque no tenga experiencia en el sector. Pero va a ser que no. El nombramiento ha sido vetado por el Ministerio de Defensa, que todavía campa en la Sepi: mantiene, de momento, su participación del 20%. En otras palabras, seguirá como consejero delegado Javier de Andrés, a pesar de que no es el preferido precisamente de Abril-Martorell. No es ése el único problema del presidente de la tecnológica. Los otros vienen precisamente de los accionistas sobre los que pivota la nueva Indra. Además de la Sepi, recuerden que la revolución orquestada para relevar a Monzón vino acompañada de otro anuncio: el desembarco de Telefónica con un 6%, aunque el objetivo es elevar esa participación en el futuro. Pues bien, ni Telefónica aumenta su presencia en el capital, ni Defensa da más juego en la compañía. Dicho de otro modo: Defensa no da carga de trabajo, lo que impactaría positivamente en el balance de la tecnológica. Lo que Abril-Matorell quiere es pedidos, para entendernos. No es una casualidad que hace dos días Abril-Martorell dijera que "Indra seguirá liderando la nueva generación de servicios y sistemas de ciberseguridad", algo que es también uno de los frentes de preocupación en el ministerio que dirige Pedro Morenés. En ese área, recordó Abril, Indra es pionera desde hace más de 10 años, con clientes en la mayor parte de las grandes corporaciones españolas y varias fuera de nuestro país. Mensaje subliminal. O sea, ha terminado una batalla, la de la sucesión de Javier Monzón, pero no la siguiente: la definitiva conformación de Indra. Y eso que han sido tres años de trasiegos interminables. También pujaron por la entrada en la tecnológica un grupo de inversores capitaneados por Antonio Hernández Mancha, ex secretario general del PP, y el ex ministro de Defensa Eduardo Serra. Los dos perdieron frente a la opción de Telefónica. Pero no fueron los únicos. Otra de las opciones que tampoco prosperó fue la impulsada por dos empresarios, el acerero José María Aristrain y el poderoso inversor belga Albert Frère. Estaban dispuestos a comprar, incluso con el apoyo de Telefónica, la participación del 20% de la SEPI. En cualquier caso y al margen de lo que suceda en el futuro, ninguna de esas opciones es posible sin que se resuelva antes el problema de la segregación de la División de Defensa, que representa algo más del 8% de la actividad de Indra. La SEPI no puede vender su participación sin desgajar esa esa división de Indra, que le imprime el sello de empresa estratégica. Otra cosa, por cierto, es la venta de su participación con plusvalías o minusvalías. Hasta ahora ha sido uno de los argumentos esgrimidos por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, para cortar el paso a esa vía, lo cual es lógico (con la que ha caído no es de recibo vender perdiendo). Pero ahora mismo ya no habría problema en ese sentido. El Estado compró a un coste medio de la acción de 10,2 euros y los títulos ya están por encima de los 11 euros. Hoy, en concreto, el título cotiza a 11,2 euros, a pesar de que bajaba un 0,7%. Eulogio López / Rafael Esparza eulogio@hispanidad.com / rafael@hispanidad.com