El Pleno del Congreso ha rechazado este jueves con los votos de PSOE, PP, Vox y Ciudadanos que en la mesa de diálogo sobre Cataluña se hable del referéndum de autodeterminación y de la amnistía como "propuestas de solución" al conflicto político existente,  una moción que sí ha apoyado Unidas Podemos, que de hecho había pactado el texto con la CUP.

Como informó ayer Hispanidad, el Tribunal Supremo se ha opuesto por unanimidad a conceder el indulto a los doce líderes independentistas catalanes condenados a penas de hasta 13 años por sedición, malversación y desobediencia por el 'procés' y su vinculación en el referéndum independentista del 1 de octubre de 2017 en Cataluña. Entre otras cuestiones, destaca la falta de "arrepentimiento" de los líderes soberanistas y no encuentra razones de "justicia, equidad o utilidad pública" para avalar el indulto total ni parcial.

La Sala de lo Penal ha emitido su informe, que es preceptivo pero no vinculante para el Ejecutivo, en el que rechaza conceder la medida de gracia, una decisión que está ya en manos del Gobierno, que tiene previsto resolver esta cuestión en verano tras estudiar los dictámenes del Supremo y la Fiscalía, ambos negativos.

Ayer el presidente del Gobierno Pedro Sánchez dio a entender que los va a indultar, con la excusa de que "hay un tiempo para la justicia y otro para la concordia". Argumento este que se podría aplicar también a todos los presos que pueblan en este momento las cárceles españolas…: seguro que se apuntan…

Pero la postura de Sánchez no le va a salir gratis. Porque el 63% de los votantes del PSOE y el 67% de los españoles se opone al indulto a los presos del 'procés'.

Por su parte, el expresidente del Gobierno y exsecretario general del PSOE, Felipe González, rechazó ayer miércoles conceder indultos a los presos del 'procés' catalán: "En estas condiciones, yo no haría el indulto".

"Los indultos nunca deberían ser ni de origen ni con finalidad política", ha dicho García-Page

El asunto ha provocado un terremoto entre los barones del PSOE. El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano Garcia-Page, ha cargado este jueves contra los planes del Gobierno de indultar a los presos del procés. "Los indultos nunca deberían ser ni de origen ni con finalidad política", ha dicho García-Page. "Ni deben tener origen político ni deben perseguirlo".

El presidente de Extremadura, el socialista Guillermo Fernández Vara, también mostró su contrariedad respecto a este indulto al señalar que resulta «evidente que no debe ser indultado quien no quiere serlo porque no respeta ni cree en las leyes que lo hacen posible».

Hace sólo unos días, Javier Lambán, presidente de Aragón y también barón socialista, mostró su rechazo a la medida de gracia, fundamentalmente porque los políticos catalanes condenados no han mostrado arrepentimiento. «Hasta donde yo sé, no sólo no se han arrepentido sino que han dicho que en cuanto puedan lo volverán a repetir», fue la reflexión de Lambán, añade El Mundo. Y el posible indulto tampoco gusta en el PSOE andaluz que controla Susana Díaz.

¿Habrá una rebelión de los barones del PSOE contra Sánchez? No sería la primera vez que los líderes socialistas critican una medida de Sánchez para, al final, cuando la toma, guardar un silencio absoluto.

La Fiscalía pide un año y ocho meses de inhabilitación y una multa de 30.000 euros para el expresidente catalán Quim Torra

Por otra parte, hoy se ha sabido que la Fiscalía pide un año y ocho meses de inhabilitación y una multa de 30.000 euros para el expresidente catalán Quim Torra en su segunda causa por desobediencia, por desoír una orden del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) para que retirara una pancarta con un lazo amarillo de la Generalitat, recoge COPE.

En su escrito, el Ministerio Público acusa a Torra de desobediencia por su "incumplimiento desafiante" del ultimátum que el 23 de septiembre de 2019 le dio el TSJC para que retirara del Palau una pancarta que pedía la libertad de los "presos políticos y exiliados", con un lazo amarillo.

Torra dejó la Presidencia de la Generalitat en septiembre de 2020 tras ser condenado a año y medio de inhabilitación por desobediencia, en ese caso por desoír una orden de la Junta Electoral que le ordenaba retirar las pancartas de apoyo a los políticos presos de los edificios públicos en período electoral.