El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha dado el visto bueno al nombramiento de Dolores Delgado como fiscal general del Estado por 12 votos a favor y siete en contra. Vamos que los jueces se arrugan frente a la prepotencia de Pedro Sánchez, quien vuelve a ganar. 

“Ser española, tener más de 15 años de carrera y profesional de reconocido prestigio”. Eso es todo lo que Carlos Lesmes y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) han exigido Dolores Delgado para convertirse en fiscal general del Estado. Eso después de que el vicepresidente -sí acostúmbrense a llamarle así- Pablo Iglesias asegurara que el Tribunal de Justicia de la Unión europea (TJUE) “humillara” al Estado español y, con sus grandes conocimientos jurídicos, le situara por encima del Tribunal Supremo. Este chico no tiene muy claro cómo se está construyendo la Europa judicial.

Una vez más, los socialistas ‘imponen la impunidad’, a costa de confundir legalidad y legitimidad

Pues bien, en lugar de exigir idoneidad, Carlos Lesmes, presidente del CGPJ, se conforma con que el informe -por otra parte, meramente consultivo, no preceptivo- del CGPJ analice lo menos relevante. Y Dolores Delgado será fiscal general, y perdonará a los separatistas todo lo perdonable y convertirá la justicia española en un patio de monipodio donde se haga realidad la inteligente y sutil maldición gitana: juicios tengas y los ganes.

Ahora, tendremos como fiscal general a un monaguillo del exjuez Baltasar Garzón personaje poco recomendable y uno de nuestros peores ciudadanos.

Y lo más relevante: Sánchez siempre gana. Una vez más, los socialistas ‘imponen la impunidad’, a costa, eso sí, de confundir legalidad y legitimidad. Recuerden: a Delgado -conocida entre sus compañeros fiscales como ‘Lola la Loca’- se le exigen los requisitos legales, pero no la legitimidad. Para ser legal basta con cumplir la ley; para ser legítimo se exige ser justo. La legalidad la ofrece la ley, la legitimidad la justicia. Es decir, la legitimidad es algo mucho más profundo que lo que aplica la… Administración de Justicia, los tribunales.

En cualquier caso, el problema no es la politización de la Justicia sino de la judicialización de la política. Y aún peor: la judicialización de la moral

En cualquier caso, el problema no es la politización de la Justicia sino la judicialización de la política. ¿Dialogo? Los políticos ya no dialogan utilizan los tribunales para arremeter contra el contrario.

Y aún peor resulta la judicialización de la moral. Como la progresía asegura que no existe el bien y el mal y, bueno es lo que decide un juez. Y los jueces estableciendo juicios de valor, son muy peligrosos. Los fiscales son más o menos lo mismo pero peores.