• Josep Alsina, inspector de educación, ha explicado que convocó en su despacho a dos directoras de instituto y les dijo que exigieran esas instrucciones por escrito.
  • Pero según le explicó una de las directoras, la responsable de servicios territoriales consideró que no era necesario pasar las instrucciones por escrito si ya se había hablado en aquella reunión.
En el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha arrancado esta mañana la segunda sesión del juicio al expresidente de la Generalitat Artur Mas y las exconselleras Joana Ortega e Irene Rigau, por la consulta ilegal del 9-N. La jornada de hoy martes ha estado centrada en la apertura de colegios y en los encargos del Govern sobre las urnas y la logística de la consulta. El primer testigo ha sido este martes Josep Alsina, inspector de educación destinado a los servicios territoriales de Barcelona Comarques. Alsina ha explicado que convocó en su despacho a las dos directoras de instituto que correspondían a su zona y que serían local de votación por el 9-N y les dijo que pidieran instrucciones por escrito, antes de la reunión con la dirección de servicios territoriales. Según le explicó una de las directoras, la responsable de servicios territoriales consideró que no era necesario pasar las instrucciones por escrito si ya se había hablado en aquella reunión, ha recogido El Periódico. El testigo considera que no quedó claro que se cediesen los locales para un uso social, como defendió la víspera la 'exconsellera' de Ensenyament Irene Rigau. "Se estaba forzando a los directos de centros a ceder locales sin saber bien para qué", subraya. Por esto, remitió un informe a la directora de servicios territoriales para que corrigiera estas "actuaciones irregulares", a su juicio, y redactara por escrito las instrucciones. Lo hizo a través de un procedimiento reglamentario, y lo pasó a su inspector jefe, pero no recibió ninguna respuesta. Alsina explica que tras la publicación en el BOE, el 5 de noviembre, de la providencia del Tribunal Constitucional con la suspensión de la consulta alternativa, remitió un nuevo escrito a las directoras instituto, un requerimiento formal: "No podéis permitir el uso del instituto si no recibís instrucciones concretas". "Mi labor es velar por el cumplimiento de la ley en los institutos", añade. Considera también que estaba "muy claro" que, tras la publicación de la providencia del TC, debía de suspenderse el proceso participativo. Andrés Velázquez andres@hispanidad.com