Los nervios están a flor de piel en el BBVA, a tres días de la Junta General de Accionistas. A la movilización interna para lograr la delegación del voto de clientes-accionistas para que la reelección de Carlos Torres y la ratificación de Onur Genç sea un éxito, se une el horizonte penal de Francisco González (FG). Al expresidente del BBVA y actual presidente de honor del banco, le podrían caer entre dos años y medio y cuatro años de prisión, que es la pena mínima contemplada para los delitos presuntamente cometidos por el excomisario José Manuel Villarejo.
Me dirán que los presuntos delitos los cometió Villarejo y no FG, y es cierto, pero tal y como señaló el Tribunal Supremo en una sentencia 400/2017, de 1 de junio, los particulares pueden responder también como partícipes, especialmente en los casos de inducción.
El hecho de Villarejo fuera funcionario hace que los delitos (siempre presuntos) no prescriban en diez años sino en quince, es decir, entre 2019 y 2020
Así lo explica el texto presentado por Luis del Rivero, Vicente Benedito y José Domingo de Ampuero ante el juez que lleva el caso, Manuel García Castellón. Concretamente, la personación habla del presunto delito de descubrimiento y revelación de secretos de empresa en la modalidad del tipo agravado del artículo 278.2 del Código Penal, y del delito de descubrimiento y revelación de secretos relativos a la intimidad cometido por funcionario público del artículo 198.
Para entendernos: el hecho de que Villarejo fuera un funcionario público en el momento de cometer los presuntos delitos, es un agravante del que no escapa FG, que presuntamente contrató los servicios del excomisario. Por cierto, el hecho de Villarejo fuera funcionario hace que los delitos (siempre presuntos) no prescriban en diez años sino en quince, es decir, entre 2019 y 2020.