Este viernes previo a la Semana Santa (también conocido como Viernes de Dolores), se ha celebrado la Junta de Accionistas de Repsol, que ha celebrado de forma telemática y con una escasa presencia de algún accionista. Su presidente, Antonio Brufau, ha dado una lección climática y económica a la vicepresidenta cuarta y ministra de Transición Ecológico y Reto Demográfico, Teresa Ribera, sin citarla, señalando que confundir descarbonización con electrificación es un error y defendiendo que “la industria y apostar por todas las tecnologías son claves para proteger el empleo y frenar el cambio climático”.
El presidente de la compañía que ahora presume de ser multienergética ha criticado que la Ley de Cambio Climático que se está tramitando se priorice, “sin razón ambiental alguna, la electricidad sobre otras alternativas renovables”. Ha aludido al “grave sesgo” de dicho texto, porque confundir descarbonización con electrificación representa “un error, muchas veces interesado, que da las señales erróneas y nos puede condenar al fracaso”.
El Fondo Nacional de Sostenibilidad del Sistema Eléctrico (FNSSE) representa “un grave prejuicio para los consumidores” y “es un clavo en el ataúd de la industria”
Brufau ha afirmado que la sociedad está en “una encrucijada decisiva”, cuya fórmula “debe incluir apuestas en muchos ámbitos, incluyendo la calidad de la Administración, la política y los servicios públicos”. “Lo peor que puede ocurrirnos es pensar que esta encrucijada puede abordarse con recetas de brocha gorda, que prescriban soluciones de pensamiento único a realidades poliédricas que requieren una multiplicidad de actores y soluciones”, ha subrayado. Al hilo de esto, Brufau ha defendido que la industria genera empleo “estable y de calidad”, considerando que “si España tuviera un mayor porcentaje de su PIB en actividades industriales, habríamos resistido mejor la crisis”, de la cual se debe salir “con más industria y no con menos, con más empleo de calidad y no con más precariedad”. Asimismo, ha pedido que no se guien por prejuicios ideológicos y que “dejen a los privados acudir a soluciones más eficientes bajo el principio de neutralidad tecnológica”, “no nos obliguen a buscar soluciones con una mano atada a la espalda”, pues “no se trata de seducir a los ciudadanos con titulares”, como se ha hecho, por ejemplo, con la demonización de los combustibles fósiles.
El presidente de Repsol también ha cargado contra el Fondo Nacional de Sostenibilidad del Sistema Eléctrico (FNSSE) que “supone una importante y arbitraria barrera para la competitividad y el futuro de la industria”, que “quiebra el principio de equidad y de neutralidad tecnológica” al repartir entre todos los vectores energéticos las cargas que actualmente soporta el recibo de la luz y que puede servir para pagar los extracostes del pasado. Un fondo que representa “un grave prejuicio para los consumidores” y ante el que “la mayoría de los sectores industriales hemos alzado la voz. Se ha llegado a decir que este fondo es un clavo en el ataúd de la industria”. Brufau ha explicado el sector de los combustibles sufre ya cargas fiscales como ningún otro, pagando 200 euros por cada tonelada de CO2 emitida, lo que se traduce en más de 11.000 millones de euros anuales a través del Impuesto de Hidrocarburos, mientras subraya que el carbón es el responsable del 50% de las emisiones de CO2, y se pregunta por qué el sector eléctrico no hace frente a sus responsabilidades pasadas. “No se puede expropiar parte de su renta a los consumidores de hidrcarburos por razones medioambientales”, ha apostillado.
El sector de los combustibles paga 200 euros por cada tonelada de CO2 emitida, lo que se traduce en más de 11.000 millones de euros anuales a través del Impuesto de Hidrocarburos, mientras el carbón es responsable del 50% de las emisiones de CO2
El presidente de Repsol ha anunciado que han presentado 30 proyectos en el marco de las convocatorias de manifestaciones de interés lanzadas por el Gobierno para los Fondos Europeos Next Generation, que supone una inversión de 5.959 millones. “Combinan tecnología, descarbonización y economía circular, creación de empleo de calidad y equilibrio territorial”: ocho proyectos de hidrógeno renovable, nueve de economía circular, cuatro de generación renovable y almacenamiento, ocho de energía distribuida y movilidad eléctrica, y uno que aborda la infraestructura de transformación digital.
Paralelamente, el CEO, Josu Jon Imaz, ha explicado las principales líneas del plan estratégico a los accionistas y ha sido el encargado de responder a las preguntas (una desde la sala y un conjunto que han llegado de forma telemática sobre las expectativas de futuro y el petróleo). Desde la sala, un accionista les ha pedido no recomprar 40 millones de acciones propias ni sacar a bolsa el negocio de generación baja en emisiones para que sólo “haya un chicharro (aludiendo a que la acción llegó a estar a 6 euros, aunque ahora está a 10, pero debería valer más) y no dos”, pero también ha criticado que se paga demasiado bien a los consejeros, pese a que en 2020 Imaz y Brufau cobraron menos, y ha referido que a Luis Súarez de Lezo “le tocó la lotería” en 2019 (cuando cobró 19,62 millones al pasar de consejero ejecutivo a externo”. Imaz ha señalado que mantendrán dicha recompra de acciones porque “vamos a cumplir con lo que hemos prometido ante el mercado” y que de esta crisis se han aprendido lecciones, entre ellas, “se ha reforzado la necesidad de tener industria en nuestro país y cadenas de suministro en Europa”, y de cara al futuro, cree que vamos a seguir necesitando petróleo y gas natural.