• La facturación de Indra ha caído por encima del 30% en 2014.
  • Cristóbal Montoro exige que el 20% de la SEPI se venda con plusvalía. Aunque está dispuesto a aceptar la segregación de la división de defensa (8% de la compañía).  
  • Y el caso Púnica mantiene enfrentados a Javier Monzón con su Ceo, Javier de Andrés. Mientras, sigue la fuga de antiguos Europraxis: Guillermo Sagnier, que se marchó dando el portazo, ahora Claudi Pellicer, Carles Martínez Marín y Daniel Fernández Capo. 
  • Y la consejera Mónica Oriol se lo piensa. 
  • Hernández Mancha ha pactado con el fondo británico Hanson. 
  • Y ojo, a Montoro no le ha gustado que se pusieran en solfa las cuentas de INDRA ante la CNMV, que luego quedó en nada pero dañó a la acción.

Un grupo de empresarios capitaneados por Antonio Hernández Mancha, con apoyo de Gobierno popular, todo hay que decirlo, lleva dos años intentado descabalgar a Javier Monzón como presidente de INDRA (en la imagen la sede) (lleva más de 20 años al frente de la compañía). Es, sin duda, la batalla económica más longeva del mandato Rajoy. Monzón se ha resistido y, hasta el momento, ha conseguido permanecer hasta el último año de legislatura popular, pero ahora tendrá que pasar una nueva prueba: los resultados de 2014. No son buenos y la facturación ha caído por encima del 30% respecto a 2013. Al tiempo, sigue la fuga de directivos de INDRA, en especial los de la antigua Europraxis. La salida más sonada fue la de Guillermo Sagnier, yerno de la familia Carulla, quien, además, se fue dando un portazo. También se van Claudi Pellicer, Carlos Martínez Marín y Daniel Fernández Capo, que negocian una indemnización de 600.000 euros por cabeza. Además, quien ha comunicado en privado que se va de INDRA es la consejera Mónica Oriol, presidenta del Círculo de Empresarios. En cualquier caso, Hernández Mancha ha pactado con el fondo británico Hanson la compra del 20% que la SEPI, dependiente de Hacienda, tiene en INDRA.
Ahora bien, y esto es lo más relevante, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, es quien ha apartado del caso a Ramón Aguirre, presidente de la SEPI, que ha dejado claras las condiciones: el Gobierno no puede salir de INDRA con minusvalía. Si no, pues no hay operación. Considerando que la acción sigue por debajo de los 8 euros y que el Estado compró a 10,20, la cosa queda en el alero. Al menos la compra, otra cosa es la salida de Monzón. Y en este punto hay que recordar que a Montoro no le ha gustado nada que la CNMV, a instancia de parte, pidiera más información a INDRA sobre su balance. Aquello provocó una caída de la acción y, al final, la investigación quedó en nada. Digamos que alguien se encargó de airear en los medios una investigación rutinaria, que el pasado año se realizó con el 70% de las empresa del Ibex. Lógico, Montoro quiere que suba el precio de la acción para vender. Otro ministro que interviene en el asunto es Pedro Morenés, titular de Defensa. Un ministro que puede exhibir pocos logros durante la legislatura y que persigue crear un polo industrial militar, ­más bien una consultoría de Defensa.
No olvidemos, otra batalla de esta guerra, que el secretario de Estado de Defensa, Pedro Argüelles, instó, por dos veces, a Javier Monzón para que dimitiera y este se negó. Montoro está dispuesto a segregar la división de Defensa de INDRA siempre que el Estado, en el cómputo final, salga con plusvalía. En suma, una batalla que son dos: justificar la no muy buena gestión de Morenés en Defensa y la salida de Monzón que pretende Hernández Mancha y el ex ministro de Aznar, Eduardo Serra. Más problemas: el Ceo de INDRA, Javier de Andrés, mantiene discrepancias con Javier Monzón. La última por las quejas de las Comunidad de Madrid (Ignacio González y de Andrés fueron compañeros de colegio) por el caso Púnica. En pocas palabras, El País lanzó una campaña sobre cobros irregulares (para ser exactos, una factura de 10.000 euros) que INDRA habría girado a uno de los encausados con la presunta connivencia de Salvador Victoria, consejero de Presidencia  de la Comunidad de Madrid. INDRA lo niega por procedimientos judiciales pero no en alta voz que es lo que pretende la Comunidad de Madrid: si decís que es falso ante el juez, decirlo también públicamente.
Pero Monzón no está por la labor de introducir a INDRA en una pelea que no es suya y se remite a los tribunales. Todo ello, en víspera de elecciones autonómicas. Insistimos: doble batalla: salida del estado de INDRA con segregación de la división de Defensa y recambio en la Presidencia de INDRA. Próxima etapa: resultados 2014. La caída de facturación por encima del 30% no presagia nada bueno.
Eulogio López
 eulogio@hispanidad.com