Fue un 17 de diciembre, mismamente, cuando el juez José Carlos Peinado García, decía que, según “lo actuado”,  archivaba la denuncia presentada por Maria Antonia Álvarez. El origen estaba en unas grabaciones en las que los directivos de El Corte Inglés, Florencio Lasaga y Carlos Martinez Echavarría (ambos aún en la Fundación Ramón Areces), hablaban del testamento y la herencia de Isidoro Álvarez y aseguraban que algunas cosas no se habían hecho adecuadamente. Por ejemplo, que la herencia de Isidoro Álvarez no se había realizado conforme a derecho. 

Más. Existe una demanda de María Antonia Álvarez, hermana de Isidoro Álvarez, en la que reclama que su hermano le había dejado en herencia 10 millones de euros cuando, de pronto, se redujeron a 5. Y más: la cuestión jurídica más importante que ahora mismo se ventila en los tribunales, la que trae de cabeza al Consejo y al equipo directivo de El Corte Inglés, es la petición, también de María Antonia Álvarez, de que la adopción que Isidoro Álvarez hizo de Marta y Cristina Álvarez Guil es nula. Tres casos concomitantes, en juzgados distintos, pero ahora más unidos que nunca. No obstante, el importante es la demanda sobre la adopción.

Lo curioso es que el juez Peinado, que forma parte de los próximos a Baltasar Garzón y que era uno de los magistrados a los que Dolores Delgado, ministra de Justicia, proponía para el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), asegura en su auto (ver documento adjunto) que “de lo actuado” se deduce que no hay indicio de delito  en la denuncia de Álvarez contra Lasaga y Echevarría y que, por tanto, archiva el caso. El problema es que no se había “actuado” nada, no se había realizado diligencia alguna. Naturalmente, los abogados de María Antonia Álvarez han recurrido y, con ello, se ha ligado este caso, el de las grabacionies, no sólo al menor de los cinco millones sino al de mayor enjundia de todos los abiertos: la posible nulidad de la adopción realizada por Isidoro Álvarez.

Ahora bien, la reclamación de esos cinco millones presuntamente desaparecidos es la menor de la vigente jungla de pleitos, si no fuera porque incide en el pleito mayor: que la propia María Antonia Álvarez ha solicitado, y ha sido admitido a trámite, una demanda contra la posible nulidad de la adopción que Isidoro Álvarez hizo de sus hijas Marta y Cristina.

La cosa se complica cuando el juez José Carlos Peinado, archiva una denuncia una denuncia basada en conversaciones de Florencio Lasaga y Martínez Echevarría.

Recordemos que Marta y Cristina controlan dos terceras partes de IASA, propietaria del 22,5% del capital de El Corte Inglés y no sólo eso. Puede decirse que, a día de hoy, Marta y Cristina Álvarez Guil ya controlan el Patronato de la Fundación Ramón Areces, lo que implica que también controlan el 38% de El Corte Inglés. Total: el 60%.

Pero ojo, todo ello se vendría abajo si la adopción se declarara nula. Para ser exactos, el terminante archivo judicial del 17 de diciembre ha supuesto que los abogados de la hermana de Isidoro Álvarez hayan recurrido la decisión de Peinado y puesto en relación el caso de los cinco millones de euros con el sumario principal, que es en el que se sustancia la presunta nulidad de adopción, el que se ve en el Juzgado de Primera Instancia Nº10.

Un procedimiento de nulidad de la adopción de Marta y Cristina Álvarez… por haberse realizado con vulneración de una norma de derecho imperativo. Para no alargarnos, porque la hermana de Isidoro asegura que no hubo convivencia del que fuera presidente de El Corte Inglés con sus hijas, adoptadas cuando ya superaban los 40 años.

En la actualidad, el caso se encuentra a la espera de que la juez decida sobre una petición efectuada por los abogados sobre el secreto de todas las actuaciones que se realicen en el procedimiento. Cuando decida sobre ese asunto, tendrá que señalar fecha para Audiencia previa.

Y esta es la madre de todas las batallas judiciales que afronta El Corte Inglés. Ahora bien, la decisión del juez Peinado puede actuar como disparadero ante el asunto mayor: la posible nulidad de la adopción y, con ello, el vuelco de propiedad en la primera empresa de distribución de España.