La Asociación de Internautas ha enviado una carta abierta a los 751 eurodiputados para que rechacen la nueva directiva de derechos de autor, aprobada en junio por la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo. La regulación, que se vota el próximo jueves en el Pleno de la Eurocámara, ha despertado una furibunda campaña en contra por la amenaza directa al espíritu libre de Internet. De seguir adelante, se abriría un periodo de negociación para que entre en vigor en 2019.

La polémica se centra en dos de los artículos de la reforma, el 11 y el 13, que “constituyen la mayor amenaza a Internet desde su creación”. El primero implica la creación de un canon de pago (o un impuesto de enlace) por el acceso a contenidos con propiedad intelectual. El segundo obliga a los proveedores a filtrar los contenidos que suben a la Red, que restringiría en la práctica el acceso a muchos de los contenidos con la excusa de salvaguardar los derechos de los autores. Las máquinas filtrarían indiscriminadamente contenidos. Dicho en otras palabras: introduce un concepto de censura por si acaso para todos los que suben contenidos de terceros. No se podría enlazar, por ejemplo, con hipervínculos.

Comparten el mismo criterio que la Asociación de Internautas otras 150 organizaciones de diversos ámbitos, que han puesto el grito en el cielo contra una regulación poco equilibrada y favorable a los intereses particulares de la industria cultural o el lobby del copyright. Resuelve mal, por tanto, la ecuación entre libertad de expresión y de creación y las reglas de juego de la sociedad de la información, que afecta a todos los ciudadanos, no sólo a una parte.

La nueva directiva europea crearía un daño enorme si se aprueba, recuerda la asociación, como han mostrado “un impresionante abanico de académicos, pioneros de Internet, organizaciones de la sociedad civil, representantes de las startups y otros expertos”.

Para los internautas, el debate está en favorecer la sociedad de la información o ceder al interés del ‘lobby’ de la industria

Esos expertos han denunciado la mano negra que guía esos dos artículos. Con el 11 se generalizaría un pago por contenidos que no ha funcionado, como en la conocida como tasa Google o canon AEDE, que en España provocó la desaparición de Google News. Del mismo modo, la imposición de filtros dañaría seriamente “la capacidad de mejorar el software y los productos que contienen software”.

Por ese motivo, aboga por la defensa de la libertad de una Internet  “democrática y abierta”, la misma que permite ventilar los actos de los gobiernos y monopolios opresores o un “amplio espectro de modelos de negocio” con la libertad fundamental a la hora de dirigirlos.

Las startups o empresas de Internet, en concreto, que representa la asociación, incluyen a bibliotecas de toda Europa, usuarios de las bibliotecas europeas e instituciones de educación superior,  y también a las compañías de las Tecnologías de la Información o TIC (programadores, comunidad de código libre).

Las bibliotecas abren la posibilidad de investigar, disfrutar de la lectura o “preservar y mejorar nuestro patrimonio y memoria comunes”, del mismo modo que la TIC “ayudan a millones de usuarios a acceder a Internet, a aprender a programar, y a servir como un concentrador principal de software para para las compañías que desarrollan los productos conectados”.