El Partido de los Trabajadores registró el miércoles la candidatura a la presidencia de Brasil de Lula da Silva. El político fue condenado a 12 años y un mes de cárcel al estar relacionado con casos de corrupción y sobornos; sentencia de la que ha cumplido menos de cinco meses. No obstante, la fiscal general del país, Raquel Dodge, ha impugnado la candidatura.
Dogde no es la primera en pedir la anulación ya que se une a las presentadas por Kim Kataguiri, uno de los líderes del Movimiento Brasil Libre (MBL) y diputado federal por el partido Demócratas (DEM), y Alexandre Frota, candidato del Partido Social Liberal (PSL). Además, en declaraciones recientes, el magistrado Luís Roberto Barroso ha declarado que Lula "no es elegible" como presidente al haber sido penado en segunda instancia. Dodge recuerda que "el condenado sólo retoma la capacidad electoral pasiva ocho años después del término del cumplimiento de la pena".
Lula 'no es elegible' como presidente al haber sido condenado en segunda instancia
La polémica tiene como plazo un mes para analizar la viabiblidad de la candidatura, por lo que se ha de llegar a una conclusión antes del 17 de septiembre, tan solo 20 días antes de las elecciones del 7 de octubre. Según los resultados de varias encuestas, de participar, Lula obtendría el 30% de los votos y, además, se prevé que podría quedar vencedor en la segunda vuelta.
Sin embargo, ante los intentos de sus opositores, Lula no se rinde. Afirma que “con mi nombre aprobado en la convención, la Ley Electoral garantiza que no seré candidato a no ser que muera, renuncie o [mi nombre] sea arrancado por la Justicia Electoral”, a lo que añade en su cuenta de Twitter que “no pretendo morir, no pienso renunciar y voy a pelear por mi registro hasta el final”.