• El ministro acelera el laudo arbitral, mientras los vigilantes de Eulen se resisten y mantienen la huelga indefinida.
  • Y anuncia un Consejo de Ministros extraordinario para poner fin al conflicto laboral. El laudo obliga a las partes.
  • El refuerzo de la Guardia Civil reduce drásticamente las colas de embarque, entre denuncias de presiones y las quejas de los sindicatos.
  • Rull aparca sus diferencias entre ejecutivos después de que De la Serna recordara la responsabilidad de la Generalitat.
  • 'A perro flaco todo son pulgas'... Las críticas arrecian contra todos (Eulen, Vargas o el Gobierno), dependiendo de quién dispare.
Una cosa esta clara: el refuerzo de los agentes de la Guardia Civil en las tareas de control ha sido suficiente para devolver la tranquilidad al aeropuerto de El Prat, que vive el día menos crispado en semanas: se cumplen los servicios mínimos (90%) por la huelga indefinida de los vigilantes de Eulen y desaparecen las colas en las zonas de embarque. Mano de santo, como quien dice. Y a partir de ahí problemas o caras largas, como las de los trabajadores, y una realidad: se ha arreglado el caos en El Prat -en pleno puente- pero no el conflicto laboral. Estamos en la primera parte, tras las decisión tomada el pasado domingo por 150 trabajadores de Eulen en una plantilla de 350; o sea, algo más del 50% por los pelos. Los vigilantes se quejan de las presiones de los agentes (en denuncias del comité de empresa a la Inspección de Trabajo), pero más decisivo, a los efectos, han sido las prisas de ministro de Fomento. Ha acelerado los trámites para poner en marcha el laudo arbitral, vinculante para las partes, y ha anunciado la reunión de un Consejo de Ministros extraordinario, este miércoles, para iniciarlo. En otras palabras, acabar con el conflicto mediante un procedimiento que obligará a los empleados a volver al puesto de trabajo en las condiciones laborales que decida el árbitro que se designe. Es lo único que queda, de momento, en este problema de Estado, por el que se ha interesado personalmente el propio Rajoy, en contacto con De la Serna. Eso no ha evitado, sin embargo, las críticas de todos contra todos. Para el PSOE, qué cosas, el Gobierno, según su secretario de Organización, José Luis Ábalos, está actuando de "un modo absolutamente autoritario, sin ninguna sensibilidad en las condiciones del trabajo y sin ningún respeto al derecho de huelga". Por ahí atacan también los sindicatos, que ven una violación del derecho de huelga con la sustitución de trabajadores por guardias civiles. La misma queja que el Sindicato Unificado de Policía (SUP), aunque comprende que la Guardia Civil tenga que cubrir tareas de seguridad. La Asociación Unificada de Guardias Civiles, por su parte, ha ido más allá y ha señalado que los agentes se sienten "utilizados" por el Gobierno para que le saque las castañas del fuego. Paradójicamente, el ministro De la Serna no reprocha nada a AENA ni a su presidente, José Manuel Vargas. Eso sí, ha recordado que si el proceso en curso no llega a buen puerto, en una segunda fase, la responsabilidad será al 100% de la Generalitat, que es la administración competente en este caso. Claro, el sindicato CSIF ya le ha pedido la cabeza del presidente del gestor aeroportuario... El conseller de Territorio, Josep Rull, ha dejado en nada las declaraciones, este domingo, de la conseller de Trabajo, Dolors Bassa, que se desmarcó dando por terminada la mediación de la Generalitat -200 euros por 12 mensualidades- y apuntando que ahora toca negociar a las partes. Los trabajadores quieren 250 euros y 15 mensualidades. Rull apoya ahora a De la Serna y opta por aparcar las diferencias con el Gobierno hasta que se normalice por completo la solución. Las responsabilidad, ha señalado, corresponde a las tres administraciones (Ayuntamiento, Generalitat y Gobierno), que son las que tienen que contestar de forma conjunta. Rafael Esparza