- PSOE e IU quieren reabrir el complejo minero sevillano que fue clausurado en 1998 debido al vertido tóxico provocado por la rotura de la balsa de residuos.
- Este vertido llegó a las puertas del Parque Natural de Doñana y fue una de las mayores catástrofes medioambientales que se han producido en España.
- La Junta convocó un concurso público al que se presentaron tres compañías: Emerita Resources España, Grupo México-Minorbis y Nystar -que fue inadmitida-.
- De las dos finalistas destaca Grupo México-Minorbis, formado por la cordobesa Magtel y Grupo México -culpable del vertido de ácido y minerales en el río Sonora-.
Parece que en el sur de España las cosas se hacen de otra manera y es cierto eso que decía la famosa canción 'Sevilla tiene un color especial', grabada por Los del Río para la Expo que se celebró en la capital andaluza en 1992. Esta apreciación cobra no sólo sentido en el caso de los ERE fraudulentos, que han salpicado a la propia Junta de Andalucía -encargada de su tramitación-, sino también con el último proyecto del gobierno autonómico de la socialista Susana Díaz: la adjudicación de Aználcollar.
Sí, han leído bien. PSOE e IU, que son los que llevan las riendas de la Junta de Andalucía, quieren reabrir el complejo minero sevillano que se clausuró en el año 1998. Recuerden que su cierre se debió a un vertido tóxico provocado por la rotura de la balsa de residuos y aguas ácidas, el cual llegó a las puertas del Parque Natural de Doñana y se convirtió en una de las mayores catástrofes medioambientales que se han producido en España.
En aquel momento, la multinacional sueca Boliden, a través de su filial española Boliden-Apirsa, era la que gestionaba la explotación minera. Sin embargo, tras el vertido tóxico se fue de rositas y se negó a pagar los 91 millones de euros que costó la limpieza y restauración de la zona.
Volvamos a la adjudicación de Aznalcóllar. Se calcula que este complejo minero sevillano tiene unas reservas por explotar de entre 30 y 35 millones de toneladas de mineral complejo hasta los 280 metros sobre el nivel del mar, aunque a mayor profundidad podría haber otros 45 millones de toneladas. Así, la cifra estaría cerca de los 80 millones de toneladas sulfuros polimetálicos (cobre, plomo y zinc, oro y plata), según informó El Mundo.
Una oportunidad para seguir renovando el sector de la minería en Andalucía y también para la creación de empleo dada la elevada tasa de paro que sufre la región que la Junta no ha querido dejar escapar. Por eso, convocó hace meses un concurso público para adjudicar Aznalcóllar, aunque Susana Díaz se sacó un as de la manga para 'vetar' a Boliden: quedaron excluidas del concurso las empresas que tienen "deudas con Andalucía", de forma "directa o indirecta". El plazo de solicitud terminó el 16 de abril del año pasado y se presentaron tres compañías: Emerita Resources España, Grupo México-Minorbis y Nystar -que fue declarada inadmitida casi dos meses después por no aportar la documentación requerida-.
Tras esto, las dos finalistas tuvieron cinco meses para presentar: su proyecto de investigación, proyecto de explotación y plan de restauración, así como el proyecto de establecimiento del beneficio. Ahora la Junta dispone de tres meses para analizarlos y elegir a la empresa adjudicataria. Podría darse la paradoja de que otorgara el proyecto a una empresa contaminante, pues Grupo México-Minorbis está formado por la compañía cordobesa Magtel y Grupo México. Este último es el culpable del vertido de ácido y minerales al río Sonora que se produjo el pasado verano en el estado azteca del mismo nombre, aunque al contrario de lo que hizo Boliden en Aznalcóllar, Grupo México sí que se ha mostrado dispuesto a pagar los daños.
Por su parte, Emerita Resources España es una compañía promovida por el geólogo onubense Joaquín Merino, que se dedica más a la exploración y detección de yacimientos que a su explotación, y tiene el apoyo de Forbes&Manhattan -especie de sociedad de inversión especializado en recursos naturales y materias primas-.
En los próximos meses veremos si la Junta opta por adjudicar Aznalcóllar a una empresa contaminante o no, pero en caso afirmativo recordaría lo sucedido en Campofrío, donde el segundo accionista es una compañía china, WH Group, que estuvo implicada en un caso de envenenamiento.
Cristina Martín