A iniciativa de la Fundación Educatio Servanda y CONCAPA se impulsó en el mes de julio un manifiesto por la libertad de educación que alcanzó en pocos días más de 100.000 adhesiones. Los firmantes pedían a la ministra que tuviera en cuenta a las familias para establecer las líneas maestras de su acción política.
Dicho impulso llegaba como respuesta a unas declaraciones en las que la ministra de Educación, Isabel Celaá, manifestaba que “el derecho a la educación siempre recae sobre los individuos que son sujetos de aprendizaje, no recae sobre las familias, ni sobre los territorios ni sobre las religiones. ¿Quién no puede estar de acuerdo con este matiz tan importante?”. Estas palabras provocaron una reacción inmediata en algunas de las más importantes instituciones de familia de este país.
Ante la negativa de la ministra de Educación a reunirse con ellas, las organizaciones de familias más representativas registraron ayer en el Ministerio de Educación un manifiesto con más de 100.000 firmas
La manipulación, a juicio de las instituciones familiares era clara; tiene lugar en el “individuo” –aunque resulta preferible hablar de persona-, en quien recae el derecho a la educación. Sin embargo, hasta que él pueda ejercerlo directamente, la administración de ese derecho le corresponde a la familia, no al Estado.
En el mes de septiembre, desoyendo de forma flagrante el sentir mayoritario de las familias, Celaá volvió a arremeter contra éstas al anunciar su intención de modificar el artículo 109.2 de la LOMCE. Dicho artículo es fundamental, toda vez que, bajo la fórmula de “demanda social”, protege la elección por parte de las familias de los centros, ya sean escuelas públicas estatales o escuelas públicas de iniciativa social –esto es, concertadas-.
Semanas después, en octubre, Celaá volvió a ignorarlas cuando solicitaron formalmente ser recibidas por la ministra. Su respuesta: el silencio.
Es por ello que, en el día de hoy, las organizaciones de familias más representativas, Fundación Educatio Servanda, CONCAPA, Foro de la Familia y otras del ámbito de la educación han elevado el tono de su reclamación, llevando la voz de los firmantes y de los más de 4.000.000 de familias a las que representan, para pedir una vez más a la ministra Celaá que les reciba.
El manifiesto reclamaba el derecho de las familias a elegir libremente la educación de sus hijos
“Queremos decirle a la ministra que reconozca que el Estado es siempre subsidiario de la familia y que, en consecuencia, mantenga la demanda social como criterio fundamental de escolarización. Las familias tenemos que tener una voz preponderante en todo lo que respecta a la educación de nuestros hijos”, ha asegurado Juan Carlos Corvera, presidente de Educatio Servanda.
Por su parte, Pedro José Caballero, presidente de Concapa, ha manifestado que “las familias, debemos preservar nuestro derecho a elegir el modelo educativo constitucionalmente reconocido, impidiendo cualquier intento de adoctrinamiento ideológico, mediante la promoción de una educación, de idéntica calidad, medios e instrumentos educativos en cualquiera de sus dos redes”.
En la misma línea se ha expresado el presidente del Foro de la Familia, Ignacio García-Juliá cuando recordaba a la ministra que “el problema de la escuela en España no es un enfrentamiento entre público y privado, es un problema entre educación dirigida y educación libre. La política debe quedar fuera de los contenidos y organización de las aulas”.
La palabra libertad de elección ha sido la más escuchada esta mañana en las puertas del Ministerio, de donde los responsables de estas instituciones no han podido pasar. Estas organizaciones se preguntan cuál es el papel que la ministra otorga a las familias en su modelo de organización escolar, así como las siguientes cuestiones: ¿qué significa que la escuela estatal debe vertebrar el sistema educativo en España?, ¿hasta cuándo el sistema de enseñanza se va a organizar al margen de las familias?
Cuando estas instituciones solicitaron en octubre reunirse con la ministra, Isabel Celaá u respondió con un silencio activo
En resumen, la Constitución española, en su Artículo 27, dice:
“1. Todos tienen el derecho a la educación. Se reconoce la libertad de enseñanza.
3. Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.
6. Se reconoce a las personas físicas y jurídicas la libertad de creación de centros docentes, dentro del respeto a los principios constitucionales".
Y todo esto quiere decir que los padres son los primeros educadores de sus hijos. Y no porque lo diga la Constitución, que también, sino porque la familia es anterior al Estado y, como institución, es más importante para la sociedad.
Los hijos son de los padres, no del Estado. Las familias deben velar por el derecho de sus hijos a la educación, luchando contra el adoctrinamiento y contra la baja calidad de la enseñanza. Y los poderes públicos deben no solo respetar, sino promover, ese derecho de las familias.
Las familias tienen el derecho de poder elegir la educación que prefieren para sus hijos, sin verse penalizadas por el modelo que escojan para sí.
Si no hay pluralidad de centros y proyectos pedagógicos, no hay libertad de enseñanza y no se puede ejercer plenamente el derecho a la educación.