La ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, no ha escondido uno de los objetivos del Gobierno Sánchez: cargarse la asignatura de religión. Así, ha quedado claro en su comparecencia en la Comisión de Educación del Congreso de los Diputados, donde ha señalado que será de "oferta obligatoria, pero de elección voluntaria". 

Eso sí, Celaá no lo ha dicho literalmente, sino de forma mucho más diplomática. En concreto, ha hablado de “eliminar el carácter académico de la asignatura de religión”, o sea, que dejará de computar en la nota media, y de la implantación de una asignatura obligatoria de valores cívicos. ¿En qué consiste esta nueva asignatura? Poco se sabe por ahora, solo que se centrará en “los derechos humanos y virtudes cívico-democráticas”. Todo muy progre, como pueden ver. Educación para la Ciudadnaía bis, si ustedes me entienden. Y naturalmente, lo que no es evaluable tampoco se valora.

Esto supone un ataque contra el artículo 27 de la Constitución española

Sin embargo, esto supone un ataque contra el artículo 27 de la Constitución española, en el que se recoge el derecho de los padres a que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que este de acuerdo con sus propias convicciones. Y es que si el primer paso consiste en surpimir el carácter académico de la asignatura de religión, no sería de extrañar que lo próximo fuera sacarla del currículo escolar y por tanto, fuera de la escuela de forma definitiva y total. 

La ministra y portavoz del Gobierno también ha dejado claro que no les gusta la LOMCE que aprobó el PP con mayoria absoluta en el año 2013. Por ello, ha anunciado una amplia reforma de dicha ley educativa de forma urgente sin esperar a un Pacto Educativo. De nuevo, estamos ante el hecho de que no se da a la educación la relevancia que merece, pues depende del partido que esté en el Gobierno, y todos (independientemente del color que sean) olvidan que no debería ser así. Y lo de no esperar al Pacto Educativo se entiende bien, pues no lograron que llegara a ningún puerto, sobre todo, porque el PSOE se levantó de la mesa.

 Ha anunciado una amplia reforma de dicha ley educativa de forma urgente sin esperar a un Pacto Educativo

El Gobierno también pasa al ataque contra la escuela concertada, pues se eliminará el articulo 109.2 de la LOMCE, que introduce la demanda social como uno de los criterios en la programación de la red de centros. Es decir, quieren eliminar este criterio de “demanda social” para concertar líneas, pues quieren recuperar la coexistencia equilibrada y racional de las redes educativas pública y concertada, priorizando, cómo no, la escuela pública en la oferta educativa. Es decir, quieren que la escuela pública no sea “subsidiaria de la concertada. La red pública tendrá preminencia, mientras que la concertada será complementaria de las necesidades de escolarización", en palabras de Celaá.

Pero la modificación del artículo 109.2 atenta no sólo contra el derecho de los padres a que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones porque la mayor parte de la escuela concertada está en manos de congregaciones religiosas, sino que también atenta contra la libertad de enseñanza, que asimismo se recoge en el artículo 27 de la Constitución. Dos aspectos que no son baladí y que parece que no han tenido en cuenta, pues ya sabemos que el Gobierno Sánchez y sus aliados no ocultan su cristofobia.

La ministra Celaá también ha anunciado el cambio de los artículos 122, 127 y 135 de la LOMCE, con el fin de recuperar el papel decisivo de la comunidad educativa en los consejos escolares de los centros públicos y concertados. Y además, tiene previsto abrir un diálogo con los colegios que separan por sexos.