Tras la ruptura del Pacto de Toledo, cerrado sin acuerdo por el rechazo de PP y Unidos Podemos, el tema de las pensiones ha tenido unos minutos de gloria en la sesión de control del Congreso. Allí, han quedado claras cuáles son las ideas podemitas, que llevan al sistema de pensiones a la quiebra, pero ningún partido apuesta por retrasar la edad de jubilación.
La portavoz de Unidos Podemos, Irene Montero, ha señalado que solo votarían a favor de convocar una nueva Comisión del Pacto de Toledo si hay acuerdo “en que las pensiones vuelvan a ser vinculadas al IPC por ley, en que la edad de jubilación vuelva a ser a los 65 años, en que nos dejemos de planes de pensiones privados, en que las pensiones garanticen una vida digna para los pensionistas”. Asimismo, la formación morada rechaza el cómputo de toda la vida laboral para calcular la pensión, apostando por utilizar los mejores años de cotización, algo que contribuye a que haya pensiones de cuantías más elevadas. Vamos, justo lo que necesita nuestro país… “Nos van a encontrar garantizando derechos. Si no, por mucho que digan, para una foto de precampaña electoral no nos van a encontrar”, ha subrayado. Eso sí, se ha moderado y no ha solicitado el derecho al pirulí de la Habana,
Irene Montero pide que la edad de jubilación vuelva a los 65 años y que se usen los mejores años de cotización en el cómputo
Sin embargo, el retraso de la edad de jubilación más allá de los 67 años, es la única tesis sensata y la defienden múltiples organismos nacionales e internacionales (Banco de España, AIReF, Fedea, IEE, BCE, FMI y OCDE). Es la única solución posible para garantizar la sostenibilidad del sistema, dado que el envejecimiento de la población se ha disparado, pero claro, anunciar algo así es muy impopular y más en campaña electoral (arrancó en el debate de Presupuestos y cogió impulsó tras la convocatoria de elecciones generales para el 28 de abril… a pesar de que la “oficial” no empieza hasta el 12 de abril, viernes de Dolores)… Por eso ningún partido -ni de izquierdas ni de derechas- se atreve a plantear esta medida, a pesar de que cada vez más países (Brasil, por ejemplo) optan por aplicarla.
Una muestra de dicha impopularidad se pudo ver en una encuesta publicada por la Comisión Europea en 2016: ya señalaba a España como uno de los países que más rechazaban el retraso de la edad de jubilación. De hecho, el 71% de los españoles se mostró contrario a un aumento de la edad oficial de jubilación durante las dos próximas décadas, once puntos por encima de la media de los Veintisiete. Y eso a pesar de que dicho Eurobarómetro reflejó que el 42% de los europeos están preocupados por el envejecimiento de la población y que un 60% (48% en España) considera que se les debería dejar que siguieran trabajando una vez que alcancen la edad legal de jubilación.
El Gobierno no se ha planteado subir la edad legar de jubilación, pero sí subir la edad real: ahora es de 62,4 años, muy inferior a la media de la OCDE (64,3). No basta
Como saben, a pesar del escenario que tenemos, la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, subrayó que “no hay ningún planteamiento de subir la edad legal de jubilación”, que llegará de forma progresiva a los 67 años en 2027 (ahora está en 65 y 8 meses), y que ya existe un aumento del periodo de cómputo progresivo de los 15 a los 25 años (meta que se alcanzará en 2022). Sin embargo, la edad real de jubilación es otra cosa: está en los 62,4 años, muy por debajo de la media de la OCDE (64,3 años); de hecho, España es el único país del euro donde se está adelantando la edad efectiva o real de jubilación por el aumento de las jubilaciones anticipadas. Y respecto a la edad real de retiro laboral, el secretario de Estado, Octavio Granado, abrió la puerta a retrasarla un año.
Mientras, los pensionistas vascos y navarros han trasladado sus movilizaciones a la fachada del Congreso, reclamando que se vincule por ley la revalorización de las pensiones al IPC, su blindaje constitucional y una pensión mínima de 1.080 euros. Justo el día en que han recibido la 'paguilla' compensatoria por la desviación del IPC del pasado año, que ha supuesto un desembolso total de 123,4 millones de euros (al incluir el 1,08 millones extendido a las prestaciones familiares por hijo a cargo, mayor de 18 años y discapacidad igual o superior al 65%) para que no pierdan poder adquisitivo
Las movilizaciones de pensionistas llegan al Congreso justo el día en que reciben la 'paga' compensatoria
Y por cierto, casualidad o no: la popular Celia Villalobos deja la política, o al revés, tras 33 años como diputada, y su última gran 'responsabilidad' ha sido, precisamente, presidir la Comisión del Pacto de Toledo.