Durante su intervención en el Congreso de esta semana, el portavoz de Educación de Podemos se refirió a la concertada como una «anomalía» a superar a través de la reforma educativa (lomloe) que ha iniciado su tramitación en el Congreso. Y recordemos que esa reforma pasará por socavar el derecho de los padres a elegir centro educativo para sus hijos, fomentar la ignorancia entre los estudiantes y, de fondo, atacar al cristianismo, dado que la mayoría de centros concertados son religiosos.
Isabel Celaá continúa pues con su cruzada contra la educación concertada en la que estudian uno de cada cuatro niños españoles y que le supone un ahorro considerable al Estado (es decir, a todos los ciudadanos). Pues bien, doña Isabel avanza en su intento de expandir la ignorancia entre los alumnos. Tal como lo planteó para el tercer trimestre del curso pasado, ha vuelto a aprobar una orden que da luz verde a las comunidades para que permitan a los alumnos pasar de curso sin límite de suspensos. ¡Viva la ley Celaá, la ley del mínimo esfuerzo!
Todo esto sin olvidar las pretensiones de PSOE-Unidas Podemos de lavarles el cerebro a los menores, vía retirada de subvenciones a la concertada si no aceptan los nuevos contenidos, y por ley en los centros privados.
Menos mal que, según la propia Celaá, la ley no afecta a la concertada...
Desde la concertada se plantan ante la actitud del ministerio de Educación porque, según publica La Razón- creen, que se trata de acabar con la complementariedad de la red pública y la concertada, y de suprimir la libertad de elección de las familias como criterio para mantener o reducir las aulas, incrementar el control de la Administración en el proceso de admisión de alumnos, implantar la distribución forzosa del alumnado sin respetar la voluntad de las familias, reforzar el criterio de zonificación y eliminar progresivamente los centros de educación especial. A su larga lista de agravios que, desde su punto de vista acarreará la reforma educativa que pretende impulsar el gobierno de coalición, suman que se pretendan establecer actividades complementarias gratuitas y obligatorias «con un posible contenido ideológico al margen del proyecto educativo del centro, suprimir el concierto a los colegios que educan a niños y niñas en aulas separadas, imponer valores no consensuados mediante una asignatura específica que parece la reedición de Educación para la Ciudadanía e introducir determinadas líneas trasversales (perspectiva e ideología de género, memoria democrática...)».
Lamentan que la reforma no plantee mejoras para el profesorado de la concertada y no se concretan incrementos de los módulos de concierto. Es por esto por lo que consideran que «menoscaba la seguridad jurídica y laboral en el sector y tendrá graves consecuencias sobre el mantenimiento y la calidad del empleo». De esta forma, las organizaciones que representan a la concertada harán una campaña informativa sobre el contenido de la ley y han anunciado que pondrán también en marcha movilizaciones ante lo que consideran una «vulneración de los derechos y libertades ciudadanas que está reconocidas en la Constitución».