Más problemas para Ence, que a finales de esta semana celebrará su Junta de Accionistas. Y es que este lunes, su presidente y CEO, Ignacio de Colmenares, ha sido declarado ‘persona non grata’ por el Ayuntamiento de Pontevedra.
En concreto, en el pleno municipal, se ha aprobado dicha declaración con los dos grupos que forman el gobierno de la ciudad (BNG y PSOE), mientras PP y el concejal no adscrito a partido, Goyo Revenga (ex de Ciudadanos), han votado en contra. El concejal del BNG, César Mosquera, ha responsabilizado a Colmenares de “dirigir y permitir” el “escrache violento” que sufrieron el alcalde, el nacionalista Miguel Anxo Fernández Lores, y otros miembros del gobierno municipal por parte de un grupo de trabajadores de Ence el pasado 11 de marzo. A este lamentable hecho se une un vídeo “sacado de contexto”, según el propio Colmenares, donde advertía que la planta de Lourizán podría dar “un susto mayúsculo medioambiental en cualquier momento” por la falta de inversiones.
La vicepresidenta Ribera señala que el artículo 18.4 del proyecto de Ley de Cambio Climático no afectará a la prórroga de la planta de Lourizán
Todo esto en un momento en que la compañía líder europea en producción de celulosa de eucalipto y primera española en producir energía renovable con biomasa agrícola y forestal defiende la prórroga de la planta pontevedresa hasta 2073, tras un 2020 malo en el que ha tenido unas pérdidas de 26,4 millones de euros y ha desplomado un 42% su Ebitda. La vicepresidenta cuarta y ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, va a convocar a todas las partes implicadas en el futuro de la fábrica, aunque ya ha señalado que el polémico artículo 18.4 del proyecto de Ley de Cambio Climático no afectará a su prórroga, como había afirmado la Xunta de Galicia, la empresa y el sindicato CCOO. En concreto, dicho artículo contempla una aplicación retroactiva del límite de 75 años para las concesiones en terrenos del dominio público marítimo-terrestre, que es de competencia estatal.
Ribera ha recordado que el futuro de la fábrica pontevedresa depende del fallo que dicte la Audiencia Nacional, donde se estudia un recurso del Ayuntamiento de Pontevedra, Greenpeace y la Asociación Pola Defensa da Ría (APDR) contra la prórroga de la concesión de Ence. Una prórroga que el otorgó el Gobierno Rajoy en 2016 a una planta que genera más de 5.000 empleos directos e indirectos y crea valor en Galicia a través de su actividad y de iniciativas sociales. Además, la Xunta ha hecho un riguroso control de cumplimiento ambiental con Ence: desde el 2013 ha pasado cuatro auditorías ambientales (en 2015, 2016, 2018 y 2020).