Cerca de medio centenar de robos con violencia y, al menos, 30 detenciones. Es el balance de delitos cometidos a manos de menores extranjeros no acompañados (menas) en el interior de la Casa de Campo, entre el mes de enero y la primera semana de junio, a excepción del periodo de confinamiento.
A ello se suma una decena de hechos delictivos denunciados dentro del que fuera el albergue juvenil Richard Schirrmann, convertido desde enero de 2019 en un recurso habitacional de emergencia para acoger a estos adolescentes... o al menos eso dicen ellos.
Ahora, con la llegada del calor y, sobre todo, del fin del aislamiento, la controvertida situación se ha recrudecido en las inmediaciones de las estaciones de Metro de Batán, Casa de Campo, Alto de Extremadura y Lago, así como en el propio parque.
El pasado 7 de junio, cuando la Policía Nacional arrestó a nueve menores por apedrear a varios vecinos que intentaron ayudar a una mujer a la que, previamente, habían robado los mismos agresores. Dos personas sufrieron brechas en la cabeza, que precisaron de puntos de sutura. Uno de los apresados es menor de 14 años y, por tanto, inimputable. Tal es el grado de desesperación que los vecinos de las zonas afectadas piden recuperar el antiguo albergue y ya trabajan para llevar a cabo una manifestación en las próximas fechas.
Tal es la situación que la asociación de vecinos del Batán-Casa de Campo -controlada por Podemos- lucharán para que el centro de Primera Acogida de menores de la Comunidad de Madrid ubicado en el barrio vuelva a ser albergue juvenil, "que es para lo que fue creado en los años 40".
Por su parte, el Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha elaborado un informe con los últimos atestados relacionados con esta casuística. El número actual de delitos cometidos por menores en la región de Madrid ha revelado que tres de cada cuatro detenidos que pasan por las dependencias del Grupo de Menores de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Madrid (Grume) son menas.
Respecto a las infracciones más realizadas, los agentes señalan los de «orden patrimonial» y los que «mayor alarma social general»: robos con violencia e intimidación, entre los que se incluyen los tirones de bolsos, el empleo de armas blancas o la técnica del «mataleón»; y, en menor medida, los robos en vehículos y las agresiones a educadores y entre los propios menores.