- La Comisión Nacional de Derechos Humanos revela las últimas brutalidades de la Policía, como el asesinato de 22 sicarios rendidos.
- Para cubrirse las espaldas, los agentes colocaron armas a los cadáveres y movieron sus cuerpos.
- Hubo también torturas y una posible muerte por atropello, de un total de 42 asesinatos.
- Las autoridades no cambian un renglón de la versión oficial: los atacantes actuaron "en legítima defensa".
México es presa de una
espiral de violencia y crímenes sin resolver. El conflicto está enquistado, con visos de extenderse, y ya no es una cuestión de buenos ni malos: tanto las
autoridades como los
cárteles suponen una
amenaza para la seguridad del país. Esto es lo que demuestra la última investigación, que deja más tocado aún al presidente
Peña Nieto, duramente castigado por las
encuestas.
La
Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ha acreditado "hechos que implican violaciones graves a los derechos humanos, atribuibles a servidores públicos de la
Policía Federal". Es la conclusión de su último informe, fruto de la investigación del
tiroteo ocurrido el
22 de mayo de 2015 en
Tanhuato (Estado de Michoacán, México). El organismo revela que la policía
manipuló la escena del crimen (colocando armas a 16 cadáveres) y
torturó a dos detenidos. Además, una de las víctimas muestra indicios de que fue
atropellada.
Las conclusiones del caso, tras un año de investigación, dan un buen palo al cuerpo policial: 22 de las personas asesinadas aquel día a manos de los agentes se habían
rendido en el momento de su muerte. El documento señala, asimismo, que los policías cambiaron de posición a siete cadáveres e hicieron un "exhibición innecesaria de fuerza" al disparar contra los que estaban en un rancho. En total,
murieron 42 supuestos sicarios vinculados con el
Cártel Jalisco Nueva Generación, después de enfrentarse con la policía (según la versión oficial).
"Queremos que
el Gobierno dé la cara y castigue a las personas que lo hicieron", ha dicho el padre de una de las víctimas tras conocer el informe. Así que esta es la reacción de los familiares, pero ¿cuál ha sido la
respuesta oficial? El
Comisionado Nacional de Seguridad,
Renato Sales, mantiene que los agentes federales actuaron "en legítima defensa". Ésta es su versión: "Los policías se identificaron, exigieron a los agresores que depusieran las armas
y la respuesta fue con disparos". Y argumenta que mataron a uno de sus compañeros e hirieron a dos.
Pero lo cierto es que este caso es sólo un ejemplo más entre otros similares, también envueltos en un aura de impunidad y en circunstancias dudosas. En 2014, por ejemplo, un grupo de militares mató en
Tlatlaya a
22 personas, después de que estos se hubieran rendido. En
Ayotzinapa,
43 estudiantes fueron asesinados a manos de unos narcos con la complicidad de la policía.
Daniel Esparza
