Tras ocho meses de negociaciones -una eternidad-, Gobierno, patronal y sindicatos se han puesto de acuerdo en que hay que desincentivar las jubilaciones anticipadas. Es una buena noticia porque prejubilar equivale a cerrar bibliotecas y porque son una rémora a la ya maltrecha Seguridad Social al incluir un periodo de dos años de prestación por desempleo hasta la jubilación.
La medida, sin embargo, está herida en su origen: hasta el 30 de septiembre, empresas y sindicatos podrán firmar jubilaciones anticipadas bajo el esquema actual, esto es, sin penalización. Dicho de otra manera, Moncloa ha cedido ante la banca, inmersa como saben en EREs que afectan a miles de empleados -solo los procesos actuales de Caixabank y BBVA afectan a cerca de 10.000 trabajadores-, y que no descartan más ajustes en los próximos meses. Y no solo los bancos, sino grandes empresas de otros sectores que podrían sumar, en conjunto, más de 30.000 salidas. Y todo esto sin contar a los trabajadores actualmente en ERTE y que, por desgracia, pasarán a ERE.
Es decir, hay muchas prejubilaciones en juego y el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, no se ha atrevido a castigar las prejubilaciones desde este mismo momento. No solo eso, sino que anuncia una fecha límite, lo que provocará el efecto llamada. Toda empresa que se esté planteando un ajuste de personal pactará jubilaciones anticipadas antes del 30 de septiembre, aunque las salidas se produzcan en 2022.
Escrivá, que ha perdido casi toda la credibilidad que tenía como presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), sabe que debe penalizar las jubilaciones anticipadas y retrasar la edad de jubilación, pero no se atreve. Y los retrasos, en estas cuestiones, son muy negativos.