• Una vez más el poder judicial acató sin sonrojo las órdenes del Ejecutivo de Maduro.
  • La Asamblea Nacional había aprobado la ley para liberar a los presos políticos. Pero ahora la norma no se podrá aplicar.
  • "La autonomía del Poder Legislativo no se discute", dijo la Asamblea Nacional a través de su cuenta en Twitter.
En Venezuela, una vez más el poder judicial acató sin sonrojo las órdenes del Ejecutivo. El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) cumplió las órdenes de Nicolás Maduro y declaró inconstitucional la Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional propuesta por la Asamblea Nacional, de mayoría opositora. "La Amnistía intenta procurar la impunidad de delitos comunes cometidos por sectores que actualmente controlan el parlamento", acusa el TSJ, informaron agencias. La opositora Asamblea Nacional había aprobado la ley para liberar a los presos políticos como Leopoldo López o el alcalde metropolitano, Antonio Ledezma, acusados de avivar las protestas que dejaron más de 40 muertos a principios del 2014, entre otros delitos. Pero ahora la norma no se podrá aplicar, publica Reuters. Entre las consideraciones de su decisión, la sala constitucional del TSJ dijo que "habiéndose incluido en la ley en cuestión delitos comunes ajenos a esta figura constitucional, esta Sala no puede impartir su conformidad constitucional". El mandatario Maduro, que había prometido obstaculizar la ley, solicitó el jueves al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que considerara si la norma contraviene los mandatos de la carta magna. "Esa ley de impunidad no va. Si queremos paz, esa ley no va", dijo Maduro en un acto para recordar un breve golpe de Estado que desbancó en 2002 a su antecesor Hugo Chávez, minutos antes de que el Tribunal publicara la decisión en su portal. "La autonomía del Poder Legislativo no se discute", dijo la Asamblea Nacional a través de su cuenta en Twitter, donde divulgó un formulario solicitando firmas para "exigir al Gobierno" la promulgación de la ley. La decisión del TSJ profundiza el conflicto entre los poderes públicos del país petrolero, al dejar sin efecto el trabajo del parlamento. José Ángel Gutiérrez joseangel@hispanidad.com