- Plan que protege a casi 700.000 jóvenes de la deportación y que fuera puesto en marcha por Barack Obama para proteger de la expulsión a los inmigrantes sin papeles que llegaron al país siendo niños.
- Pero había sido derogado por Trump, el pasado septiembre.
- El magistrado considera que los beneficiarios del plan, como las familias, escuelas y comunidades, sufrirían un "daño irreparable" si se extingue el programa.
- Aunque la decisión del juez Alsup tiene carácter temporal y es probable que el Ejecutivo interponga un recurso.
Un juez de Estados Unidos ha ordenado a la administración de
Donald Trump que reactive parcialmente el plan migratorio puesto en marcha por
Barack Obama para proteger de la expulsión a los inmigrantes sin papeles que llegaron al país siendo niños, informa
RTVE.
El juez
William Alsup, del juzgado del
distrito norte de California, ha ordenado que se mantenga la
Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, en sus siglas en inglés) y se sigan tramitando las renovaciones de permisos de trabajo de quienes ya se habían beneficiado del programa, hasta que se hayan resuelto todos los litigios legales pendientes en diferentes tribunales del país.
El magistrado califica de "arbitraria y caprichosa" la decisión tomada por Trump el pasado septiembre para acabar con DACA y
da al Congreso hasta el 5 de marzo de este año para solucionar la situación de sus beneficiarios.
Obama promulgó el DACA en 2012 con el objetivo de proteger de la deportación a los niños que a los que sus padres llevaron de forma ilegal a EE.UU. Este plan ha concedido permisos de
trabajo temporal a unos 690.000 jóvenes que estaban en esa situación y que son conocidos como dreamers ("soñadores").
Uno de los portavoces del Departamento de Justicia,
Devin O'Malley, ha asegurado que el Gobierno "continuará defendiendo enérgicamente" en las cortes que el DACA fue
promulgado por Obama de forma "ilegal" y, ante ello, "espera hacer valor su posición en futuros litigios".
La decisión del juez Alsup -nombrado para su puesto en 1999 por el presidente Bill Clinton-
tiene carácter temporal y es probable que el Ejecutivo interponga un recurso.
El juez considera que el Gobierno federal tiene la obligación de volver a aceptar las solicitudes de renovación a DACA de aquellas personas que ya habían recibido previamente los beneficios de este programa y que ahora se están quedando sin protección. Sin embargo,
no obliga a aceptar nuevas solicitudes de jóvenes que nunca antes se habían inscrito en el programa.
El magistrado hace esta distinción porque considera que los demandantes, entre los que se encuentra la Universidad de California, han conseguido demostrar que
los beneficiarios de DACA, sus familias, escuelas y comunidades sufrirían un "daño irreparable" si la extinción del programa sigue adelante.
Entre esos casos se encuentra, por ejemplo, la demanda que interpusieron el 11 de septiembre pasado de manera conjunta los estados de California, Maryland, Maine y Minnesota, que albergan en total a 238.000 "soñadores".
Esos estados alegan que el fin de DACA perturbará la vida de sus habitantes, provocará grandes daños a sus economías y ocasionará pérdidas a sus empresas, universidades y
centros de investigación que dan empleo a los jóvenes indocumentados, pues con el fin del programa ya no podrían trabajar legalmente.
Andrés Velázquez
andres@hispanidad.com
