Informe final presentado este lunes por el abogado defensor de Rodrigo Rato en el caso de la salida a bolsa de Bankia, Ignacio Ayala. Primera idea fuerza: toda actividad bursátil implica un riesgo, por lo que no se puede juzgar penalmente el resultado del salto al parqué de una entidad.
Y es que, según Ayala, no hubo estafa ni engaño a los inversores. Es más, a lo largo de las 400 páginas del folleto informativo, la entidad advertía de 36 potenciales riesgos que entrañaba la inversión. Ayala ha insistido, además, en que el documento “fue aprobado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)”. Por eso, cualquier irregularidad de los gestores implicaría “dejación de funciones” por parte del supervisor. Además, Bankia estaba sometida al control del Banco de España y Rato no daba ningún paso sin su autorización.
La Autoridad Bancaria Europea (EBA) también supervisó la entidad, que aprobó todos los test de estrés.
La defensa del exministro ha recordado también el hecho de que el FROB, que es parte de la acusación, no solo aprobó la integración de las siete cajas en Bankia, sino que aportó 4.000 millones porque la entidad era viable.
“Todos los supervisores en este proceso de salida a bolsa han intervenido, han dado su visto bueno. ¿Qué más había que hacer? ¿A quién más había que acudir?” se ha preguntado Ayala ante el tribunal de la Audiencia Nacional que juzga el caso.