La patronal Foment del Treball ha tildado de “abusivos y confiscatorios los cambios fiscales de la propuesta de ley de acompañamiento de los presupuestos de la Generalitat”. La organización de empresarios que preside Josep Sánchez Llibre ha avisado que la subida de impuestos se produce en un escenario en el que “la fiscalidad de los catalanes es entre un 10 y un 20% superior a la del resto de ciudadanos del Estado”, recoge La Vanguardia.
Foment -igual que el resto de organizaciones que forman parte del Consell de Treball Econòmic i Social (CTESC)- recibió la ley de acompañamiento el lunes pasado. En ese texto se detalla la reforma fiscal pactada entre el Govern y los Comuns, en la que destaca una subida para los contribuyentes con bases imponibles a partir de 90.000 euros, añade este medio.
En concreto, los empresarios se quejan de las modificaciones fiscales que afectan a las rentas del trabajo, el patrimonio y las sucesiones. Pero la patronal también ve mal el incremento indirecto que sufren algunos sectores como el turístico
En la ley de acompañamiento, el Govern deja claro que su intención es que los cambios en el IRPF tengan fecha de vigencia 1 de enero del 2020 aunque se aprueben con posterioridad, como ha avanzado La Vanguardia. La reforma fiscal contempla también una rebaja del impuesto de la renta para aquellos contribuyentes con una base imponible de menos de 12.450 euros, recoge también La Vanguardia.
Foment ha anunciado que enviará sus propuestas a todos los grupos parlamentarios y cita a JxCat, ERC, Ciutadans, Comuns y PP. En concreto, los empresarios se quejan de las modificaciones fiscales que afectan a las rentas del trabajo, el patrimonio y las sucesiones. Pero la patronal también ve mal el incremento indirecto que sufren algunos sectores como el turístico. En la ley de acompañamiento se incrementa la tasa que se debe pagar por alojarse en Catalunya y se habilita al ayuntamiento de Barcelona para que eleve esa tasa hasta un máximo de 4 euros, añade la información de La Vanguardia.
No es de extrañar que con este panorama muchas empresas afincadas en Cataluña decidan hacer las maletas. Hasta el pasado mes de noviembre, un total de 417 empresas procedentes de la que hasta ahora ha sido la principal potencia económica española llegaron a Madrid, lo que supone la principal aportación regional a una comunidad que ha visto llegar en los once primeros meses de 2019 un total de 1.870 empresas, según datos de la Comunidad de Madrid procedentes de la consultora y agencia de rating Axesor que recoge El Mundo.
La migración alcanzó su punto más alto en el primer trimestre de 2018 como consecuencia directa de la inseguridad jurídica desatada tras el referéndum independentista de octubre de 2017 y la publicación del decreto ley que facilita los cambios de sedes sociales sin someterse a la autorización de una junta de accionistas. Los grupos empresariales catalanes más relevantes abandonaron su territorio de origen en busca de seguridad jurídica y generaron un efecto arrastre que aún perdura, añade El Mundo.