Isabel Celaá continúa -por el momento, imparable- en su ataque a la concertada. Paso a paso, la ministra de Educación está cercando a la educación concertada -recordemos, mayoritariamente religiosa- y a la vez, a la educación especial.
Ahora, el Gobierno sociopodemita obligará a las comunidades autónomas a controlar que los colegios concertados no cobren a los alumnos cuotas que no sean voluntarias. Según publica El Mundo, es una de las novedades recogidas en el dictamen de la ponencia de la reforma educativa, que también contempla que los centros deban recoger en sus proyectos educativos una estrategia digital para poder dar clase online a los estudiantes durante situaciones de emergencia como la pandemia del Covid. ¿Acaso la señora Celaá piensa que durante la pandemia los centros concertados no han facilitado material on line a los padres y alumnos?
No le basta a la ministra de Educación con cercenar el derecho de los padres a elegir la educación de sus hijos, o evitar que se enseñe religión en pro de la 'cultura de las religiones' que sigue además en su empeño de que se imparta educación sexual a los niños de 6 años convirtiendo así a los centros escolares en "granjas de adoctrinamiento". Y, recordemos que en algunas comunidades autónomas la puerta a estos contenidos la dejó abierta el PP, como en la Comunidad de Madrid con Cristina Cifuentes como presidenta.
Y todo esto, como se suele decir, sin despeinearse y negando que no se dialogue con la concertada, porque según la titular de Educación este tipo de enseñanza no está en peligro. Pues menos mal, señora Celaá.
Por último, no olvidemos que el empeño de la "Ley Celaá" en acabar con la enseñanza concertada no se rige, precisamente, por un ahorro para el Estado, ya que recordemos: un alumno de la pública le cuesta al Estado -es decir, a todos los españoles (también a los padres de la concertada, la privada y la educación especial)- 6.000 euros, mientras el estudiante de la concertada le cuesta 3.000 euros.