En EEUU, cada diez años se realiza un censo que ayuda a determinar la representación política en el Congreso, el financiamiento de programas federales y otros asuntos.

Aunque parezca un ejercicio puramente administrativo, el censo tiene tal carga política que el cambio en su elaboración aprobado por el presidente, Donald Trump, puede desembocar en la revisión de los distritos electorales actuales de forma que, en el futuro, los estados más rurales, más blancos y de más edad tengan más voz y más peso en la política estadounidense, según La Vanguardia.

El próximo censo nacional se realizará en el 2020 y el Departamento de Comercio anunció que incluirá una pregunta más en el cuestionario que se lleva, en teoría, a todos y cada uno de los hogares del país: si sus habitantes son o no ciudadanos estadounidenses.

Pero el temor a que la inclusión de esta cuestión intimide a la población inmigrante -ya de por sí reacia a participar, por miedo a que se use con otros fines- y ofrezca una foto distorsionada de la realidad demográfica del país ha provocado un aluvión de críticas y una denuncia colectiva de estados demócratas liderados por Nueva York. El fiscal general de California, Xavier Becerra, sostiene que la reforma “no sólo es una mala idea sino que es ilegal”, añade La Vanguardia.

El Departamento de Comercio alega que la información es necesaria para proveer al Departamento de Justicia con la información necesaria para implementar la Ley de Derecho al Voto. Esta ley de 1973 busca proteger a las minorías, al proporcionarles boletas y apoyo para votar en su idioma, en las jurisdicciones en las cuales una parte importante de la población no habla inglés, según TN8.

Sin embargo, una coalición de estados liderados por Nueva York y California ha respondido mediante una demanda, alegando que la pregunta va en contra del propósito mismo del censo, el cual debe contar toda la población residente en el país, "sin excepciones basadas en estatus de ciudadanía," según la demanda presentada por el Estado de California contra el Secretario de Comercio, Wilbur Ross.

Según la demanda, tampoco existen argumentos para justificar cómo una pregunta sobre la ciudadanía pudiera ayudar a implementar la Ley de Derecho al Voto, sino que perjudicaría a las comunidades, al desalentar a los inmigrantes a responder al censo, por lo que se podrían dar errores en el conteo de habitantes.