El polémico rescate a Plus Ultra (53 millones de euros), del que se quejó hasta Lorenzo Amor, el hombre de los aútonomos en España, sigue dando que hablar y ha llegado este miércoles a los tribunales. La titular del Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid, María de la Esperanza Collazos, investiga a 15 altos cargos del Gobierno por un presunto delito de malversación, tras la denuncia que ha presentado el sindicato Manos Limpias.
Entre los investigados está el vicepresidente de la SEPI, Bartolomé Lora, que ha tenido el mando de este organismo dependiente del Ministerio de Hacienda (por tanto, de María Jesús Montero) hasta que se designó a Belén Gualda para ocupar la presidencia a finales de marzo. Pero también el resto de miembros del Consejo de Administración de la SEPI, que son altos cargos de nueve ministerios, entre ellos: los secretarios de Estado de Defensa, Hacienda, Energía y Economía (Esperanza Casteleiro, Inés Bardón, Sara Aagesen y Ana de la Cueva, respectivamente).
Por su parte, la aerolínea ha señalado que ha sido “totalmente transparente con los datos, procesos y requerimientos de la SEPI”. Asimismo, presume de que el banco de inversiones Daiwa Corporate Advisory, la consultora Deloitte y la Agencia Estatal de Seguridad Aérea -AESA- dieron un veredicto favorable y la consultora PwC comprobó los requerimientos. Veremos si el tribunal opina lo mismo o no.
Y recuerden la meme que corrió por Internet cuando se aprobó el rescate a la citada aerolínea.