Por su interés publicamos un artículo de opinión que nos remite José Castro sobre lo que considera conflictos de interés del regulador bursátil CNMV y de su actual presidente, Sebastián Albella:

Las acusaciones por conflictos de interés que rodean a la CNMV

Uno de los casos más controvertidos que tiene relación con el pasado de Albella como asesor de Linklaters es el de Banco Popular. El actual presidente de la CNMV participó y supervisó la aprobación de la ampliación del capital de Banco Popular en 2016. Así consta en el acta del consejo de administración de mayo de ese mismo año que establece que Linklaters proporcionó una opinión legal favorable a los bancos comercializadores, asegurando también a los consejeros. Pero años más tarde se descubrió que las cuentas de 2016 presentaban irregularidades y se acusó al Popular de haber cometido una infracción muy grave al suministrar datos inexactos o no veraces. Cuando en 2016 se oficializó la llegada de Sebastián Albella a la cúpula de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), nadie cuestionó su sólida experiencia ni sus años de trayectoria. Lo que sí despertó ciertas dudas fue su pasado como socio del consejo mundial de Linklaters, el conocido despacho de abogados. Algunos críticos manifestaron su temor por los posibles conflictos de interés a los que se enfrentaría Albella al frente de la CNMV. Sin embargo, esos temores se fueron evaporando con el tiempo ya que, desde aquel momento, Albella debió abstenerse de tomar decisiones ligadas a la situación de antiguos clientes. Pero cuando parecía que finalmente esas inquietudes habían quedado en el pasado, los interrogantes han vuelto a surgir después de que la CNMV haya decidido darle luz verde a su presidente para tomar decisiones sobre las compañías a las que asesoró durante sus años en Linklaters. Una decisión que debe ser seguida de cerca, ya que podría perjudicar la independencia y la transparencia de la CNMV.

Lo que llevó a cuestionar también el rol de Linklaters como asesor y el de PwC, la compañía a cargo de la auditoría de cuentas.

El desfase de las cuentas de Banco Popular le terminó costando a PwC una multa millonaria. El principal reproche es que la Big Four auditó durante más de 35 años al banco y jamás encontró una irregularidad. Pero más allá de la sanción económica, este significó un nuevo golpe para PwC, ya que se determinó que la compañía cometió infracciones graves y muy graves en sus trabajos de auditoría y otros servicios prestados a Banco Popular en 2016. Lo que contribuyó a que el banco presentara cuentas que no se ajustaban a la realidad. Y si bien ahora la CNMV busca reivindicarse al sancionar a los responsables, desde la antigua cúpula del Popular señalan que la Comisión tuvo en sus manos informes detallados sobre el proceso de comercialización de la ampliación sobre el que hizo diversos comentarios sin objeciones de fondo. Lo que plantea nuevamente interrogantes sobre la actuación de la CNMV a la hora de velar por los intereses de los inversores.

El caso del desfase de las cuentas de Banco Popular no es el único que enciende las alarmas sobre supuestas irregularidades por parte de compañías auditoras. Ni tampoco el único que apunta a faltas en la supervisión por parte de la CNMV. Datos inexactos en las cuentas y la vista gorda de la compañía auditora, en este caso EY, es la fórmula que se repite también en el caso de Realia, la inmobiliaria controlada por Carlos Slim. Ha sido precisamente uno de los accionistas minoritarios de Realia, el fondo Polygon, el que ha hecho denuncias por una situación que preocupa por sus similitudes con otros casos. Tras una exhaustiva revisión de las cuentas anuales realizada por analistas independientes, Polygon ha revelado que un error en la metodología elegida para valorar los activos de la compañía ha causado un desfase en las cuentas. 

Concretamente, Realia valdría en verdad un 45% más de lo anunciado. Hecho que vuelve a poner en el centro de atención a una de las grandes auditoras, EY, por haber utilizado un método de valoración que no es el adecuado, causando así una infravaloración de los activos. Estas discrepancias en la valoración inquietan al resto de los accionistas, especialmente debido a que, gracias a las mismas, Slim ha aumentado su control sobre la compañía tras realizar tres ampliaciones de capital por un valor distinto al real. Operaciones que han sido aprobadas bajo la supervisión de la CNMV y que reavivan el debate sobre los conflictos de interés en el seno de la comisión y que recuerdan una vez más al rol de Linklaters como asesor de Slim. 

Otra historia con tintes similares es la de la opa sobre Dia. La CNMV terminó dándole la razón a Mikhail Fridman, al aceptar que los 0,67 euros por acción ofrecidos por el magnate ruso constituyen un precio equitativo. A pesar de que muchos accionistas aseguran que ese precio no refleja el valor real de la cadena de supermercados. Y si bien Albella aseguró estar tranquilo por la decisión de la CNMV, su pasado vuelve a condenarlo. Las críticas con respecto a la vigilancia de la Comisión vuelven a apuntar al vínculo entre Linklaters y Fridman, a quien ha asesorado en numerosas operaciones.

La decisión de darle vía libre a Albella para que se pronuncie sobre casos de antiguos clientes, vuelve a avivar los temores que giraban en torno a su designación. Son muchas las preguntas que despierta esta decisión y coinciden además con las dudas sobre la actuación de vigilancia de la CNMV en casos relacionados al criterio aplicado a la hora de aprobar los términos en los que se lanzan las opas. A muchos les cuesta olvidarse del rol de Albella en sus años en Linklaters cuando realizaba lobby para conseguir autorizaciones por parte de la CNMV. Ahora los roles se han invertido y por ende, su influencia es mayor. Es por ello se debe seguir de cerca la actuación de la CNMV para comprobar que los conflictos de interés no pongan en peligro la independencia de la Comisión. Con todas las miradas puestas en estos casos, quizá Albella encuentre la oportunidad perfecta para demostrar que bajo su presidencia, se hará todo lo necesario para garantizar la transparencia, asegurando además que no exista incompatibilidad alguna.