Juan José Omella, cardenal arzobispo de Barcelona y presidente de la Conferencia Episcopal, ha realizado su primer discurso con este último cargo ante la Asamblea Plenaria que se reúne entre los días 16 y 20. Una ocasión que no ha desaprovechado para postularse contra la ley Celaá, pues ha defendido la enseñanza concertada, la clase de religión y que se plantee el “bono escolar”.

Monseñor Omella ha señalado que “la labor de la Iglesia en el ámbito educativo es relevante. No solo atiende a casi dos millones de familias, muchas de ellas en los enclaves más pobres y populares de nuestra sociedad, sino que además promueve proyectos de investigación, innovación y desarrollo para el conjunto de profesores y centros del sistema educativo”. Además, ha recordado que “a este servicio de educación reglada se une la acción social de una multitud de entidades de educación en el ocio y en el tiempo libre de inspiración cristiana que, fuera del horario escolar, trabajan para fomentar la equidad, la formación a menores vulnerables y el desarrollo humano e integral de cada persona”. Ante la grave crisis social que vivimos, cree que “debemos intensificar nuestro compromiso educativo” y llama, como el papa Francisco, a un Pacto Educativo Global.

No es el momento de poner trabas, de enfrentar instituciones públicas y privadas, sino de trabajar conjuntamente, de cooperar de forma eficaz y eficiente para ofrecer una educación adecuada a todos los niños, adolescentes y jóvenes

En nuestro país sería conveniente que de ese pacto “pudiera concretarse una ley sólida que no sea objeto de debate con cada cambio de color político en el Gobierno”. “Lamentamos profundamente todos los obstáculos y trabas que se quieren imponer a la acción de las instituciones católicas concertadas. Nuevamente insistimos que no es el momento de poner trabas, de enfrentar instituciones públicas y privadas, sino de trabajar conjuntamente, de cooperar de forma eficaz y eficiente para ofrecer una educación adecuada a todos los niños, adolescentes y jóvenes”.

Y esto, monseñor Omella considera que se debe hacer “respetando en todo momento el derecho constitucional de los padres y madres a escoger libremente el centro y el modelo educativo para sus hijos y asegurando siempre el derecho constitucional a la libre iniciativa privada”. Ve cómo “la fórmula de concertación publica como mecanismo de financiación de la educación general sigue siendo plenamente válida y útil” y también cree que “se pueden valorar otras medidas de otros países de nuestro entorno europeo (como es el caso del “bono escolar”) con el fin de garantizar los derechos constitucionalmente reconocidos a los padres y a la libre iniciativa privada”. Además, añade que “no se debe quitar la formación moral en valores y la clase de religión”.

Se debe respetar en todo momento el derecho constitucional de los padres y madres a escoger libremente el centro y el modelo educativo para sus hijos y asegurando siempre el derecho constitucional a la libre iniciativa privada

Paralelamente, el representante de los obispos españoles ha pedido que “no caigamos en el virus de la polarización” y que se recupere el espíritu de concordia de la Transición, pues hay que “evitar tensionar más sociedad política con cuestiones que no sean prioritarias”. “No es momento de divisiones, no es momento para dejar que los brotes populistas irresponsables e ideológicos traten de colarse”, recordando las palabras que dijo recientemente el Papa a Pedro Sánchez: “Las ideologías deconstruyen la patria”.

Asimismo, monseñor Omella ha recordado que “no hay enfermos incuidables aunque sean incurables”, cargando contra la eutanasia y la cultura del descarte, pues la Iglesia defiende la dignidad del ser humano desde su concepción y hasta el final de su vida. Al hilo de que algunos proponen la eutanasia como solución, ha subrayado que “nosotros, ante este grave dolor humano, apostamos por una cura integral de las personas que trabaje todas sus dimensiones: médica, espiritual, relacional y psicológica”. 

En cualquier caso, nos quedamos con que, por primera vez, la jerarquía eclesiástica defiende el cheque escolar, verdadera garantía de la libertad de enseñanza. En España, el bono escolar sólo lo propone Vox.