Tenemos 35 millones de leyes para que se cumplan los 10 mandamientos, decía el viejo aforismo. Esta parece ser la táctica del Gobierno Sánchez: inundar el Boletín Oficial del Estado de cientos de decretos -en tiempos de estado de alarma-, porque por eso se eligió esta modalidad para el arresto domiciliario de 47 millones de españoles: permite continuar con la legislación ordinaria, como no lo permitiría el más lógico estado de Excepción.

Pero toda esa hemorragia legislativa oculta una serie de principios muy claros. Por ejemplo, dos: cargarse la educación privada -por su carácter católico- cargarse la sanidad privada… porque la sanidad pública se ha convertido en una bandera de la izquierda.

Si al español se le diera a elegir, en igualdad de condiciones, elegiría la escuela privada -ya lo hace cuando puede- y la sanidad privada… pero no puede hacerlo

De la ley Celaá, poco que decir que no hayamos dicho. Sus objetivos son expulsar a Cristo de la escuela y fomentar la vagancia de los alumnos y de los profesores en nombre de la igualdad. El instrumento para lograrlo es el dinero: guerra a la enseñanza concertada… que es la elegida por la mayoría de los padres españoles –aquellos que pueden hacerlo- recortándoles presupuestos hasta asfixiarles económicamente. Y eso que le sale mucho más barata al Estado, es decir, a los españoles, y es de mayor calidad.

Y el mismo instrumento para la Sanidad privada. Así, la Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE) ha emitido un comunicado en el que recuerda que ni el ministro Salvador Illa, ni las comunidades autónomas, que son las encargadas de pagar las facturas, ni tan siquiera han respondido a la petición de ASPE para que se les abonen los servicios prestados en la lucha contra el COVID, que hubiera sido mucho más relevantes, y se hubieran salvado vidas, si la Sanidad pública, controlada por socio-podemitas, hubiesen contado antes con, por ejemplo, las camas UCI de la que disponía la privada mientras se rechazaban enfermos en la pública por falta… de camas.   

La única solución es promulgar el cheque escolar y el cheque sanitario. Pero ambos propuestas sólo las abandera Vox (52 diputados frente a 350)

En definitiva, se trata de no abonar las facturas y de este modo asfixiar a las clínicas privadas. En nombre de la sanidad de todos, por supuesto.  

Y lo cierto es que si la sanidad fuera 100 por 100 pública el Gobierno no podría pagarlas. Los pagos que los padres españoles hacen a la enseñanza privada y los que los pacientes españoles hacen a la pública alivian el presupuesto público.

Y todo esto es sencillo de demostrar: si al español se le da a elegir, en igualdad de condiciones, elegiría la escuela privada -ya lo hace en cuanto hay cerca un concertado- y la sanidad privada… pero no puede hacerlo por su elevado coste… para el que no existe ayuda pública alguna.

Sí, también en Sanidad. Si no lo creen, miren por cuál optan los funcionarios… a los que sí se les permite elegir.

La única solución para evitar la apisonadora socio-podemita (y en parte pepera) es promulgar el cheque escolar y el cheque sanitario. Pero ambas propuestas sólo las abandera Vox (52 diputados frente a 350).