Para la vuelta al cole en este escenario de pandemia, las distintas comunidades se han ceñido a unos cuantos criterios comunes, fijados por el Ministerio de Educación: la creación de grupos estables de convivencia, sobre todo en Infantil y Primaria; la división de los centros en bloques o sectores y la adaptación de los espacios; la figura de delegados COVID y la definición de distintos escenarios para decidir si la formación ha de ser presencial, telemática o mixta, recuerda RTVE.

Desde esta misma semana, las comunidades iniciarán la vuelta al cole. No obstante, se ha sabido que Murcia ha retrasado el inicio del curso escolar al 14 de septiembre. Así, Murcia es la tercera comunidad que retrasa la vuelta al cole. La primera en decidir un retraso en el inicio de la clases fue Canarias, donde el curso escolar no arrancará hasta el 15 de septiembre, aunque en principio estaba previsto para el 9 de septiembre, y Asturias anunció el pasado viernes que retrasará el arranque del curso al próximo 22 de septiembre, recuerda RTVE.

Murcia ha retrasado el inicio del curso escolar al 14 de septiembre. Es la tercera comunidad que prorroga las vacaciones

Y la pregunta del millón que se hacen los padres, ante los temores de contagio: ¿Es obligatorio mandar a los niños al colegio?

Este martes, en la SER, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado categóricamente que la vuelta al cole es segura: "Hay que evitar el riego de la exclusión social por no volver al colegio". "Los padres pueden estar seguros de que sus hijos e hijas van a estar más seguros en los centros educativos que en otras partes, pero riesgo cero no existe".

En España, la educación es obligatoria desde los 6 hasta los 16 años, y todos los niños comprendidos entre esas edades deben acudir a clase, salvo motivos justificados, recuerda Bebesymas.

La posibilidad de sancionar a una familia por no llevar a sus hijos al colegio está recogida en el Código Penal, cuyo artículo 226 contempla este supuesto como un posible delito de abandono familiar por dejar de cumplir los "deberes legales de asistencia inherentes a la patria potestad", lo que acarrearía una pena de entre cuatro y diez años de inhabilitación para ejercer la misma. Sin embargo, este supuesto se restringe a "situaciones excepcionalmente graves", según señala a RTVE.es la presidenta de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), Teresa Peramato.  

La fiscal afirma que "en la mayoría de las ocasiones, no llevar al niño al colegio no es delito, pues hay que partir de un principio fundamental: el derecho penal es el último recurso para resolver los conflictos y solo se debe utilizar cuando no hay otras alternativas para resolver la situación". Solo en "situaciones irreversibles" el Fiscal de menores va a interponer una querella, señala.

Por su parte, el Gobierno es consciente de la incertidumbre que hay entre los colectivos implicados en la enseñanza ante el comienzo de un curso absolutamente atípico. Por ello, ha encargado un informe jurídico para analizar el absentismo, según ha confirmado la ministra de Educación, Isabel Celáa, quien insiste en que "hay que ir a clase". Celáa no quiere hablar de medidas coercitivas y esperará a tener ese informe en la mano para actuar, aunque confía en que "las familias van a ser responsables", añade RTVE.

De todas maneras, el Gobierno es presa del pánico que él mismo creó. Y también es preso de la ineficacia que ha mostrado durante estos últimos meses.