Lo ocurrido en Guatemala esta semana puede ser un ejemplo a tener en cuenta para casos de corrupción en muchos países del mundo.
Y es que nueve empresarios fueron condenados esta semana en un tribunal de Guatemala por pagar sobornos a un exfuncionario del Gobierno a cambio de recibir contratos públicos y, aunque no fueron privados de libertad, deberán reparar carreteras y construir escuelas como parte del resarcimiento, informó Reuters. De esa manera, los constructores devuelven con obras pagadas de su bolsillo lo que han robado al erario público.
En julio de 2017, la fiscalía del país centroamericano y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), un ente de ONU, revelaron una red de sobornos que existió cuando Alejandro Sinibaldi fue ministro de Infraestructura entre 2012 y 2014.
El exfuncionario presuntamente cobraba a varios de los principales constructores un porcentaje sobre las ganancias a cambio de adjudicarles contratos. En esa ocasión 17 personas fueron capturadas.
“Se identificaron empresas de cartón que por medio de la simulación de servicios facturaban sumas millonarias de dinero provenientes de sobornos”, explicó la CICIG en un comunicado.
Aunque el caso incluye a 37 personas, algunos como Sinibaldi están prófugos, pero el miércoles un Tribunal de Guatemala resolvió una sentencia inesperada que no incluye privación de libertad.
Los nueve empresarios que pidieron procedimiento abreviado, es decir, que aceptaron haber pagado coima, fueron condenados a penas máximas de cinco años equivalentes a multas de unos 67.500 dólares cada uno.
Se identificaron empresas de cartón que por medio de la simulación de servicios facturaban sumas millonarias de dinero provenientes de sobornos
Además, tendrán que reparar y construir al menos seis carreteras y erigir una escuela en un área rural del empobrecido país. “Deberán colocar un cartel en el lugar de ejecución de la obra que establezca que es por cumplimiento de condena”, especificó el comunicado.
Álvaro Mayorga, Juan Luis Tejada, José Luis Agüero, Raúl Alvarado Cuevas, Pedro Rocco, Allen Krebs, Rafael Díaz Fión, Rafael Díaz Samos, y Jesús García Ibáñez son los nombres de las nueve personas sentenciadas.
El total del resarcimiento asciende a cerca de 4.8 millones dólares, según el documento enviado a medios por la CICIG. Los empresarios no estuvieron disponibles de inmediato para dar declaraciones.
El caso es uno de los tantos que la CICIG ha revelado desde 2015, cuando sus investigaciones obligaron al entonces presidente, el general retirado y actualmente encarcelado Otto Pérez Molina, a renunciar a su cargo.
La Comisión también puso en jaque al presidente Jimmy Morales, a quien intentó sin éxito investigar por financiamiento electoral ilícito.