El gobierno de Ecuador aceptó el martes la colaboración de Naciones Unidas para abrir un diálogo con grupos indígenas que se oponen a las medidas de austeridad del presidente Lenín Moreno y que mantienen sitiada a la capital Quito con protestas, informa Reuters.

La cancillería dijo en un comunicado que el Gobierno está dispuesto a recibir el acompañamiento de Naciones Unidas, “que favorezca el retorno a la paz social y entendimientos dentro del país”.

Miles de manifestantes indígenas llegaron a la ciudad desde zonas andinas del centro y norte del país para presionar al mandatario para que desista de la eliminación del subsidio al diésel y la gasolina, que había estado vigente por décadas.

Un grupo logró romper el cerco de las fuerzas de seguridad e ingresó brevemente a la sede de la Asamblea Nacional, antes de ser desalojado por policías y militares.

Un grupo de indígenas logró romper el cerco de las fuerzas de seguridad e ingresó brevemente a la sede de la Asamblea Nacional, antes de ser desalojado por policías y militares

Moreno declaró un estado de excepción y trasladó las operaciones del gobierno a la ciudad costera de Guayaquil, donde ha habido menos disturbios. También llamó al diálogo a los manifestantes y denunció la presencia de “fuerzas ajenas” que pretenden destruir el orden democrático en el país durante una cadena de radio y televisión.

Lenín Moreno ha acusado a su predecesor de intentar un golpe de Estado con la ayuda del mandatario venezolano Nicolás Maduro

Más tarde, en una entrevista televisada en cadena nacional, cuando se le preguntó si ha pensado en renunciar, dijo: “No, bajo ninguna circunstancia y no veo porque tendría que hacerlo si estoy tomando las decisiones correctas. El momento que el pueblo ecuatoriano desea que me vaya, yo me iré”.

Las protestas estallaron el jueves cuando el gobierno puso fin a los subsidios a los combustibles como parte de un paquete de reformas económicas en el marco de un acuerdo por 4.200 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Además de la eliminación de los subsidios, Moreno está aplicando recortes de personal y de salarios en el sector público y planea algunas concesiones en las áreas de petróleo, telecomunicaciones e hidroeléctricas.

Unas 676 personas han sido detenidas en las jornadas de protestas, entre ellos un asambleísta cercano al expresidente Rafael Correa, según el Gobierno. Moreno ha acusado a su predecesor de intentar un golpe de Estado con la ayuda del mandatario venezolano Nicolás Maduro.

“Quieren llevar a Ecuador a Venezuela”, dijo el secretario de la presidencia, Juan Roldán, a una radio local.

Correa, en una entrevista con Reuters en Bélgica, sostuvo que las acusaciones son una mentira. “Dicen que soy tan poderoso que desde Bruselas con un iPhone podría dirigir manifestaciones; (...) están mintiendo”, señaló Correa mientras mostraba su teléfono móvil.